VALÈNCIA, 24 de junio de 2025 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este martes los domicilios de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, en el marco de la investigación del caso Koldo, que apunta a una supuesta red de amaños en adjudicaciones públicas durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.

Los registros, ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se han desarrollado en Madrid y en una localidad del norte de España donde Pardo de Vera posee una vivienda. También se han practicado diligencias en las sedes del Ministerio de Transportes y Adif para recabar documentación relacionada con las contrataciones investigadas.

Las actuaciones están bajo secreto de sumario y se han llevado a cabo desde primera hora de la mañana, prolongándose durante varias horas. Según fuentes próximas al caso, se busca determinar el papel que ambos altos cargos habrían desempeñado en la presunta manipulación de licitaciones en beneficio de determinadas constructoras.

«Indicios consistentes» de amaños en obras públicas

El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ya había alertado de «indicios consistentes» de que tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero habrían colaborado con Koldo García, exasesor de Ábalos, en la adjudicación irregular de contratos públicos.

En un informe de la UCO entregado al Supremo en junio, los investigadores detallan una conversación grabada entre García y Pardo de Vera en noviembre de 2020. En ella, Koldo presiona para que se adjudique un contrato a la constructora LIC, primero como contrato de mantenimiento y, ante la negativa, como contrato de emergencia.

Aunque la entonces presidenta de Adif rechaza inicialmente la propuesta, recuerda que ya se le había concedido a LIC un contrato de 700.000 euros y expresa su temor a que una nueva adjudicación “cante” demasiado. Aun así, se comprometió a estudiar alternativas para favorecer a la empresa, según consta en el informe policial.

Investigación paralela en la Audiencia Nacional

El Supremo ha derivado parte del caso al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, al considerar que las actuaciones de Pardo de Vera y Herrero fueron accesorias a los presuntos delitos atribuidos a Ábalos y no requieren ser instruidas por el alto tribunal.

Además de las supuestas adjudicaciones irregulares, Isabel Pardo de Vera está siendo investigada por la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Esta línea de investigación fue la primera por la que fue citada como investigada, aunque su declaración prevista para el 1 de julio fue suspendida recientemente por el juez Ismael Moreno.

Una red de influencias en el foco de la investigación

Según los informes policiales, Koldo García habría aprovechado su influencia sobre Pardo de Vera y Javier Herreropara intervenir directamente en los procesos de contratación. La UCO apunta a que ambos habrían facilitado adjudicaciones siguiendo las directrices del entorno de Ábalos, saltándose procedimientos técnicos y favoreciendo a empresas determinadas.

El juez Puente considera que este comportamiento podría integrarse en una estructura organizada para manipular adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones millonarias, dentro de lo que se investiga como una posible organización criminal.

Próximos pasos en la investigación

La investigación se mantiene abierta y podría derivar en nuevas imputaciones y registros en los próximos días. La Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Guardia Civil trabajan con una amplia documentación incautada, así como grabaciones y transferencias económicas que refuerzan las sospechas sobre una trama perfectamente estructurada.

Además, se prevé que el juez Moreno fije nueva fecha para la declaración de Isabel Pardo de Vera y avance en la diligencia de testimonios clave, como el del propio José Luis Ábalos o los empresarios beneficiarios de las presuntas adjudicaciones fraudulentas.

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