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Joaquín Ferrándiz: crónica de un asesino en serie

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Joaquín Ferrándiz
Joaquín Ferrándiz-Universidad de Salamanca
Madrid, 9 sep (OFFICIAL PRESS- EFE).- Muy educado con las mujeres, buen vecino, buen hijo, buen empleado, buen compañero. Bajo esta descripción casi unánime de quienes le conocían se ocultaba un asesino en serie, Chimo (Joaquín) Ferrándiz, que mató a cinco mujeres en Castellón y lo intentó con otras dos en momentos en los que no tenía pareja o había cortado con ella.

En libertad desde el 22 de julio después de cumplir 25 años de prisión -el máximo que permitía la ley, aunque fue condenado a 69 años-, nadie en su entorno imaginaba que este hombre, con un alto coeficiente intelectual, fuera el asesino de la profesora de inglés Sonia Rubio, de las prostitutas Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, y de la empleada de una fábrica de medias Amelia Sandra García.

Unos asesinatos que cometió entre julio de 1995 y septiembre de 1996 en la provincia de Castellón y que se sumaron a dos intentos más en 1998, como recuerdan a EFE investigadores de la Guardia Civil que esclarecieron los hechos.

Antes de estos crímenes, en 1989, Ferrándiz, el mayor de tres hermanos y el menos conflictivo en casa, atropelló intencionadamente a una chica de 18 años que circulaba con su motocicleta. La auxilió y la montó en su coche para llevarla al hospital, según le dijo.

Pero lejos de ello, la llevó a un descampado y la violó, para dejarla después a las puertas del hospital. Alguien lo vio, fue detenido y condenado a 14 años de cárcel. Con una conducta intachable en prisión, cumplió seis años y salió en libertad condicional.

Ni su madre, ni su novia de entonces, Beatriz, quienes ejercían una gran influencia sobre él, creyeron en su culpabilidad y protagonizaron una campaña en medios locales para defender su inocencia.

LAS VÍCTIMAS

Sonia Rubio desapareció en julio de 1995. Según se supo después, Ferrándiz la abordó a la salida de una discoteca en Benicàssim. Cuatro meses después apareció estrangulada en un paraje de Oropesa.

En concreto el barranco Bellver, donde un 14 de septiembre de 1850 los agentes Pedro Ortega y Antonio Giménez murieron al ayudar a una diligencia arrastrada por la riada. Fue la primera pareja de la Guardia Civil fallecida en acto de servicio.

El caso de Sonia Rubio coincidía casi en el tiempo con el hallazgo junto al cauce del rio Millares, en Vila-real, de los cuerpos de tres prostitutas, también estranguladas.

Por estos tres crímenes fue detenido un camionero, Claudio A.H., un viudo que frecuentaba la zona de prostitución del Vora Riu. Varios indicios le señalaban como autor y pasó cinco meses en la cárcel en prisión preventiva. Quedó después en libertad tras comprobarse que el asesino fue Ferrándiz.

Según cuentan las fuentes consultadas a EFE, un «chulo» vio el coche que se llevó a alguna de las mujeres, con la fatal coincidencia de que los coches del camionero y de Ferrándiz eran del mismo modelo y color.

En septiembre de 1996 desapareció Amelia Sandra García. Cinco meses después encontraron su cuerpo flotando en una balsa de agua en Onda, también en Castellón.

Ya en febrero de 1998 un hombre intentó estrangular a Lidia Molina, pero un vecino lo frustró. La joven denunció, la Policía le identificó y comprobó que estaba en la lista de agresores sexuales. No en vano había estado en la cárcel por violación. Era Ferrándiz.

EL ENCUENTRO CASUAL QUE LLEVÓ A LA UCO A CASTELLÓN

Por esas fechas ya se habían desplazado a Castellón agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ayudar a sus compañeros de la Comandancia en la investigación.

Una ayuda que fue requerida tras un encuentro casual en la playa: el del entonces fiscal jefe de la provincia, Juan Salom, con un coronel de Criminalística del instituto armado, que en la conversación le informó de la existencia de la UCO, una unidad de élite con pocos años de vida creada para investigar los casos más difíciles.

Los agentes de la UCO comenzaron a indagar sobre la vinculación de Ferrándiz con las mujeres encontradas muertas. Con algunas de ellas había coincidido en zonas de copas que frecuentaban. Y con otra, con Mercedes Vélez, también porque había sido novia de su hermano Francisco Javier.

Sin embargo -recuerdan las fuentes-, Ferrándiz, según afirmó él mismo después, no la reconoció cuando la asesinó, dado el deterioro de la mujer debido a las drogas y la prostitución.

Los agentes constaron que el «modus operandi» era prácticamente idéntico. El autor las estrangulaba con sus manos -algo muy habitual en los psicópatas-, les tapaba la boca con una prenda íntima de mujer y las maniataba de la misma forma. A todas ellas las tapaba la cabeza. A Amelia Sandra García le machacó los dedos para dificultar su identificación.

No obstante, a pesar de esas coincidencias a los investigadores les sorprendió que el supuesto autor de los crímenes eligiera prostitutas pero también mujeres con una vida más normal. En cualquier caso, el hallazgo de los cadáveres ya había generado una gran alarma social en la zona, donde también aparecieron otros dos que no pudieron atribuirse a Ferrándiz.

Por esa alarma social, el autor de los crímenes dejó un año de «enfriamiento» en sus delitos. También cesa porque tiene pareja. Cuando no la tiene, actúa.

Imagen del juicio contra Joaquín Ferrándiz (en el centro). EFE/Alberto Estévez/Archivo

EL SOS QUE EL FBI NUNCA ATENDIÓ

En esa época ni en España ni en la mayoría de los países se hablaba de perfilado criminal. Pero los agentes de la UCO decidieron involucrarse en esa tarea e hicieron un perfilado con todo lo que tenían tanto de las víctimas como del supuesto autor.

Lo mandaron al FBI, que sí los hacía, para recabar su opinión. «Todavía estamos esperando su respuesta», recalca un agente.

De todos modos, habían hecho un curso de perfilado con el criminólogo Vicente Garrido, hablaron con él y llegó a la misma conclusión que ellos. Este experto realizó un informe de conducta que sirvió en la causa judicial contra Ferrándiz.

Joaquín Ferrándiz: el autor

Ferrándiz nació en 1963 en Valencia, donde vivió hasta los 14 años. Se crió con largas ausencias de casa de su padre, marinero, y con episodios de malos tratos en el ámbito familiar.

La familia se trasladó a Castellón y cuando Ferrándiz tenía 17 años su padre murió. El mayor de tres hermanos, comenzó a trabajar muy pronto, como también muy joven se echó novia, Beatriz.

Sus parejas le marcan, sobre todo su relación tormentosa con Beatriz, como el propio Ferrándiz refleja en su diario. Unos escritos que, en ocasiones, son despectivos hacia las mujeres.

Dicen los investigadores que Chimo no elegía a cualquier tipo de mujer, sino a un perfil que, en algunos aspectos, le recordaban a su novia. Por eso, no llegó a «picar» en algunos «cebos» de mujeres (agentes) que le pusieron mientras le investigaban.

Ferrándiz no se consideraba un delincuente ni tampoco sabía por qué mataba. Sí se creía superior y, pese a que predominaban en él los rasgos psicópatas, mantenía una cierta empatía con su entorno.

También mantenía una buena relación con sus exnovias, con las que no ejerció violencia verbal o física.

Sin miedo alguno al castigo, sabía cuándo actuar y contra quién.

La detención de Ferrándiz

Los agentes seguían sigilosamente sus pasos y el 12 de julio de 1998 observaron como Ferrándiz intentaba atacar a una joven después de desinflar la rueda de su coche. La mujer sufrió un accidente y él quiso llevarla al hospital. Los guardias lo detuvieron.

En el registro de su casa -vivía con su madre- se encontró cinta adhesiva con las que amordazó a alguna víctima y el tapón de la rueda que desinfló, entre otros efectos que le incriminaron.

Ferrándiz reconoció sus crímenes y colaboró para encontrar objetos de una de las víctimas, pero en el juicio no quiso declarar.

El pasado 22 de julio salió de la cárcel. A la salida dijo que, por respeto a las víctimas, no volvería al lugar de los crímenes y que se iría al extranjero para rehacer su vida.

Sagrario Ortega-EFE

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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