Sucesos
Joaquín Ferrándiz: crónica de un asesino en serie
Publicado
hace 3 añosen
En libertad desde el 22 de julio después de cumplir 25 años de prisión -el máximo que permitía la ley, aunque fue condenado a 69 años-, nadie en su entorno imaginaba que este hombre, con un alto coeficiente intelectual, fuera el asesino de la profesora de inglés Sonia Rubio, de las prostitutas Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, y de la empleada de una fábrica de medias Amelia Sandra García.
Unos asesinatos que cometió entre julio de 1995 y septiembre de 1996 en la provincia de Castellón y que se sumaron a dos intentos más en 1998, como recuerdan a EFE investigadores de la Guardia Civil que esclarecieron los hechos.
Antes de estos crímenes, en 1989, Ferrándiz, el mayor de tres hermanos y el menos conflictivo en casa, atropelló intencionadamente a una chica de 18 años que circulaba con su motocicleta. La auxilió y la montó en su coche para llevarla al hospital, según le dijo.
Pero lejos de ello, la llevó a un descampado y la violó, para dejarla después a las puertas del hospital. Alguien lo vio, fue detenido y condenado a 14 años de cárcel. Con una conducta intachable en prisión, cumplió seis años y salió en libertad condicional.
Ni su madre, ni su novia de entonces, Beatriz, quienes ejercían una gran influencia sobre él, creyeron en su culpabilidad y protagonizaron una campaña en medios locales para defender su inocencia.
LAS VÍCTIMAS
Sonia Rubio desapareció en julio de 1995. Según se supo después, Ferrándiz la abordó a la salida de una discoteca en Benicàssim. Cuatro meses después apareció estrangulada en un paraje de Oropesa.
En concreto el barranco Bellver, donde un 14 de septiembre de 1850 los agentes Pedro Ortega y Antonio Giménez murieron al ayudar a una diligencia arrastrada por la riada. Fue la primera pareja de la Guardia Civil fallecida en acto de servicio.
El caso de Sonia Rubio coincidía casi en el tiempo con el hallazgo junto al cauce del rio Millares, en Vila-real, de los cuerpos de tres prostitutas, también estranguladas.
Por estos tres crímenes fue detenido un camionero, Claudio A.H., un viudo que frecuentaba la zona de prostitución del Vora Riu. Varios indicios le señalaban como autor y pasó cinco meses en la cárcel en prisión preventiva. Quedó después en libertad tras comprobarse que el asesino fue Ferrándiz.
Según cuentan las fuentes consultadas a EFE, un «chulo» vio el coche que se llevó a alguna de las mujeres, con la fatal coincidencia de que los coches del camionero y de Ferrándiz eran del mismo modelo y color.
En septiembre de 1996 desapareció Amelia Sandra García. Cinco meses después encontraron su cuerpo flotando en una balsa de agua en Onda, también en Castellón.
Ya en febrero de 1998 un hombre intentó estrangular a Lidia Molina, pero un vecino lo frustró. La joven denunció, la Policía le identificó y comprobó que estaba en la lista de agresores sexuales. No en vano había estado en la cárcel por violación. Era Ferrándiz.
EL ENCUENTRO CASUAL QUE LLEVÓ A LA UCO A CASTELLÓN
Por esas fechas ya se habían desplazado a Castellón agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ayudar a sus compañeros de la Comandancia en la investigación.
Una ayuda que fue requerida tras un encuentro casual en la playa: el del entonces fiscal jefe de la provincia, Juan Salom, con un coronel de Criminalística del instituto armado, que en la conversación le informó de la existencia de la UCO, una unidad de élite con pocos años de vida creada para investigar los casos más difíciles.
Los agentes de la UCO comenzaron a indagar sobre la vinculación de Ferrándiz con las mujeres encontradas muertas. Con algunas de ellas había coincidido en zonas de copas que frecuentaban. Y con otra, con Mercedes Vélez, también porque había sido novia de su hermano Francisco Javier.
Sin embargo -recuerdan las fuentes-, Ferrándiz, según afirmó él mismo después, no la reconoció cuando la asesinó, dado el deterioro de la mujer debido a las drogas y la prostitución.
Los agentes constaron que el «modus operandi» era prácticamente idéntico. El autor las estrangulaba con sus manos -algo muy habitual en los psicópatas-, les tapaba la boca con una prenda íntima de mujer y las maniataba de la misma forma. A todas ellas las tapaba la cabeza. A Amelia Sandra García le machacó los dedos para dificultar su identificación.
No obstante, a pesar de esas coincidencias a los investigadores les sorprendió que el supuesto autor de los crímenes eligiera prostitutas pero también mujeres con una vida más normal. En cualquier caso, el hallazgo de los cadáveres ya había generado una gran alarma social en la zona, donde también aparecieron otros dos que no pudieron atribuirse a Ferrándiz.
Por esa alarma social, el autor de los crímenes dejó un año de «enfriamiento» en sus delitos. También cesa porque tiene pareja. Cuando no la tiene, actúa.

Imagen del juicio contra Joaquín Ferrándiz (en el centro). EFE/Alberto Estévez/Archivo
EL SOS QUE EL FBI NUNCA ATENDIÓ
En esa época ni en España ni en la mayoría de los países se hablaba de perfilado criminal. Pero los agentes de la UCO decidieron involucrarse en esa tarea e hicieron un perfilado con todo lo que tenían tanto de las víctimas como del supuesto autor.
Lo mandaron al FBI, que sí los hacía, para recabar su opinión. «Todavía estamos esperando su respuesta», recalca un agente.
De todos modos, habían hecho un curso de perfilado con el criminólogo Vicente Garrido, hablaron con él y llegó a la misma conclusión que ellos. Este experto realizó un informe de conducta que sirvió en la causa judicial contra Ferrándiz.
Joaquín Ferrándiz: el autor
La familia se trasladó a Castellón y cuando Ferrándiz tenía 17 años su padre murió. El mayor de tres hermanos, comenzó a trabajar muy pronto, como también muy joven se echó novia, Beatriz.
Sus parejas le marcan, sobre todo su relación tormentosa con Beatriz, como el propio Ferrándiz refleja en su diario. Unos escritos que, en ocasiones, son despectivos hacia las mujeres.
Dicen los investigadores que Chimo no elegía a cualquier tipo de mujer, sino a un perfil que, en algunos aspectos, le recordaban a su novia. Por eso, no llegó a «picar» en algunos «cebos» de mujeres (agentes) que le pusieron mientras le investigaban.
Ferrándiz no se consideraba un delincuente ni tampoco sabía por qué mataba. Sí se creía superior y, pese a que predominaban en él los rasgos psicópatas, mantenía una cierta empatía con su entorno.
También mantenía una buena relación con sus exnovias, con las que no ejerció violencia verbal o física.
Sin miedo alguno al castigo, sabía cuándo actuar y contra quién.
La detención de Ferrándiz
En el registro de su casa -vivía con su madre- se encontró cinta adhesiva con las que amordazó a alguna víctima y el tapón de la rueda que desinfló, entre otros efectos que le incriminaron.
Ferrándiz reconoció sus crímenes y colaboró para encontrar objetos de una de las víctimas, pero en el juicio no quiso declarar.
El pasado 22 de julio salió de la cárcel. A la salida dijo que, por respeto a las víctimas, no volvería al lugar de los crímenes y que se iría al extranjero para rehacer su vida.
Sagrario Ortega-EFE
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Sucesos
Desahucian en Valencia a una familia con dos menores y una anciana enferma en La Malvarrosa
Publicado
hace 24 horasen
9 noviembre, 2026
El lanzamiento se ha ejecutado por orden judicial después de una sentencia de octubre de 2024 por el impago de 5.300 euros de alquiler; el Sindicat d’Habitatge denuncia que la familia no tiene alternativa habitacional
Una familia formada por una pareja, sus dos hijas de 6 y 16 años y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes de la vivienda en la que residía en el barrio valenciano de La Malvarrosa. El lanzamiento se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que el juzgado dictara una sentencia en octubre de 2024 por el impago de las rentas del alquiler.
El desahucio ha generado protestas y concentraciones de miembros del Sindicat d’Habitatge de València, que denuncia la situación de vulnerabilidad de los afectados y asegura que no disponen de una alternativa habitacional.
La familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008. Según el sindicato, los problemas económicos comenzaron después de que la madre de uno de los adultos enfermara de cáncer y este perdiera su empleo, lo que provocó dificultades para seguir pagando el alquiler.
Una sentencia por 5.300 euros de alquiler impagado
El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València estimó el 29 de octubre de 2024 la demanda presentada por la propietaria del inmueble y acordó resolver el contrato de arrendamiento.
La resolución judicial consideró acreditado el impago de las rentas y condenó al arrendatario a abonar 5.300 euros a la propietaria. También le advirtió de que, si no abandonaba la vivienda dentro del plazo legal, se procedería al lanzamiento.
Días antes, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había rechazado suspender el procedimiento porque consideró que no se había aportado la documentación necesaria para acreditar las circunstancias alegadas por el demandado.
El juzgado rechazó suspender el lanzamiento
La ejecución del desahucio se encontraba pendiente y el pasado 28 de octubre de 2026 el juzgado dictó un nuevo auto en el que rechazaba suspender el lanzamiento.
La parte afectada había solicitado el 15 de octubre la suspensión provisional del desahucio y la aplicación de medidas extraordinarias, alegando una situación de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, el magistrado consideró que el informe presentado tenía un valor probatorio muy escaso porque estaba elaborado a partir de las manifestaciones de quien solicitaba la suspensión y no aportaba suficiente acreditación documental.
El juez entendió que la petición pretendía dilatar la ejecución de una sentencia firme y recordó que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones que deben cumplir.
Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, aunque este no tiene efectos suspensivos y, por tanto, no impedía ejecutar el lanzamiento.
El sindicato denuncia la situación de vulnerabilidad de la familia
Desde el Sindicat d’Habitatge de València han lamentado el desalojo y aseguran que la familia no cuenta con una alternativa habitacional.
Según la versión de esta organización, los afectados llevaban residiendo en la vivienda desde 2008 sin problemas hasta que la enfermedad de la madre de uno de ellos y la pérdida del empleo alteraron su situación económica.
El sindicato sostiene que la propiedad ofreció renovar el contrato con una subida del alquiler, una opción que la familia no podía asumir debido a sus circunstancias personales y a las necesidades de cuidados de la mujer mayor y las dos menores.
La organización también ha explicado que el jueves anterior consiguió detener un primer intento de lanzamiento mediante una concentración de unas 30 personas frente al inmueble.
La Policía desplegó un dispositivo desde primera hora
Este lunes, la Policía volvió a desplegar un dispositivo en el barrio desde las seis de la mañana para garantizar la ejecución del desahucio.
El Sindicat d’Habitatge asegura que había aportado dos informes de vulnerabilidad y considera que el lanzamiento no debía haberse producido por la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.
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