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Valencia

Fiscal: Jorge Ignacio Palma es un depredador sexual y una persona muy mala

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Jorge Ignacio Palma depredador sexual

València, 11 jul (OFFICIAL PRESS- EFE).-La fiscal del juicio con jurado a Jorge Ignacio Palma por la desaparición de la joven Marta Calvo y la muerte de Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas ha dicho del acusado que es un depredador sexual, en torno al cual hay «un relato de perversión y sadismo», y está convencida de que hay más víctimas.

La Audiencia de Valencia ha reanudado este lunes el juicio con jurado a Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos jóvenes, con la exposición de los informes de la fiscal y, posteriormente, de las acusaciones particulares que representan a los padres de Marta Calvo y a una de las víctimas, en la decimonovena jornada de la vista.

La fiscal pide para Palma penas que suman 120 años de prisión por abuso sexual como medio necesario para un delito de homicidio cometido contra las tres mujeres, abuso sexual contra otras siete mujeres y un delito contra la salud pública por facilitar o favorecer el consumo de drogas.

En su informe ante el jurado, ha afirmado que el acusado utilizó el mismo modus operandi con las víctimas que sobrevivieron y con las que murieron: se aproximaba a ellas con la condición de la «fiesta blanca» (relaciones sexuales y consumo de cocaína) e introducía la droga en los genitales de las mujeres, en unas circunstancias «perfectas» para él pues «había prostitutas y cocaína, no había testigos y podía hacerlo pasar por accidentes».

Sobre la introducción de rocas de cocaína en la vagina y el ano de las víctimas, el Ministerio Fiscal ha afirmado que, aunque no le gusta utilizar expresiones del ámbito político, el «no es no» es válido en este caso, porque lo que hacía no era una «fiesta blanca» sino un juego sexual que «le debía llenar» pero que causó «perjuicio, y mucho», a muchas de las mujeres.

Ha advertido al jurado de que debe realizar una valoración correcta respecto a las pruebas practicadas teniendo en cuenta la presunción de inocencia del acusado y su derecho a mentir, la declaración de los peritos y su obligación de decir la verdad, y de las víctimas, que son testigos y también víctimas, que son prostitutas y por eso especialmente vulnerables y con una necesaria protección mayor por parte de la administración de justicia.

Según la fiscal, en noviembre de 2019, cuando desapareció Marta Calvo -cuyo cuerpo aún no se ha hallado-, la Policía ya estaba investigando las muertes de las otras dos chicas pero él lo desconocía y acabó entregándose veintiún días después por el desmembramiento del cuerpo de Marta, cuyo fallecimiento se produjo en su casa de Manuel (Valencia) y él descubrió al despertar, según su declaración.

Ha descartado que Palma descuartizara el cuerpo de Marta Calvo, como él confesó tanto cuando se entregó a la Guardia Civil -permanece en prisión provisional desde finales de 2019- como en el juicio, al no haberse encontrado ningún vestigio en la inspección del baño y de la casa ni tampoco en las plantas de residuos donde llega el contenido de los contenedores (de Alzira y Silla) donde confesó haber tirado el cadáver desmembrado en bolsas.

La ausencia de pruebas objetivas que demuestren el descuartizamiento de Marta Calvo también ha sido argumentado por la acusación de la madre de la joven, Marisol Burón, que ha expuesto las condenas anteriores de Palma en Italia y Pamplona por narcotráfico y su alto nivel de vida sin trabajo, permiso de residencia ni pasaporte.

Respecto a la muerte de Arliene Ramos, la fiscal ha señalado que el análisis toxicológico ofreció una pureza del 81,6 % en la cocaína que había en la estancia donde estaban ambos, y sobre Lady Marcela Vargas, la causa de la muerte fue sobredosis de cocaína en estado puro y asfixia y se encontró ADN del acusado en sus uñas.

En todo momento, el acusado ha seguido muy atento la exposición del Ministerio Fiscal, alternando las miradas hacia abajo y a la fiscal, sin ningún movimiento corporal y con las manos cruzadas sobre la mesa, sin realizar gestos, y solo ha negado con la cabeza cuando la fiscal ha pedido al jurado que olviden «su cara de pena en su declaración y sus lágrimas de cocodrilo» y ha recordado sus aspavientos cuando ha escuchado algo que no le gusta.

El perfil psicológico del acusado muestra una persona sin carga emocional, antisocial y narcisista, según la fiscal, que ha dicho de él que es un ejemplo de pura maldad, «satisfecho emocionalmente de causar un mal cuando no quiere decir dónde está Marta».

La acusación que representa a la madre de Marta Calvo se ha referido a Palma como «un asesino en serie», peligroso para los demás, y ha asegurado que ha tratado de manipular a todos con la teoría del propio suicidio. Desde la representación del padre de la joven, se ha afirmado que la «fiesta blanca» era el cebo utilizado y que él simulaba que consumía pero no lo hacía.

Este martes continuará la presentación de los informes de la acusación particular que representa al resto de las víctimas y ya el miércoles el de la defensa de Palma. Las acusaciones han solicitado prisión permanente revisable por tres asesinatos con alevosía.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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