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Juan Carlos I y Sofía de Grecia, acudirán al funeral de la reina Isabel II en Londres

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querella rey Juan Carlos I

Finalmente los reyes eméritos acudirán el próximo 19 de septiembre al funeral de Estado donde se despedirá a Isabel II, monarca de la Mancomunidad de Naciones entre los años 1952 y 2022.

La reina era prima del rey emérito, por lo que los vínculos entre ambas dinastías son también de sangre, y ello hace que sea todavía más relevante la presencia de los monarcas, eméritos y actuales, en dicha cita.

El rey Felipe VI ya había confirmado su asistencia junto a su esposa, la reina Letizia.

A la ceremonia también han sido invitados antiguos monarcas como es el caso de Beatriz de Orange, reina de los Países Bajos entre 1980 y 2013, o Alberto II, monarca de Bélgica entre los años 1993 y 2013, quien, al igual que el rey Juan Carlos I y la reina Beatriz de los Países Bajos, abdicó en favor de su hijo hace ya varios años.

En el entierro se logrará una fotografía de la Familia Real española al completo por primera vez en años. Sin duda una de las instantáneas más esperadas desde que el rey Juan Carlos I decidiera abandonar España hace dos años, y se retirara a Abu Dabi.

Ahora, y con el regreso del emérito a la escena pública, las miradas quedan también muy puestas en cómo será el encuentro entre el rey Felipe VI y su padre, poco después de que este volviera a España y luego volviera a marcharse.

Líderes que asistirán al funeral de Isabel II

Ahora falta por conocerse quién más acudirá en nombre de España. A falta de confirmación oficial, también está previsto que acudan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Todavía se desconoce si la princesa Leonor, que está estudiando precisamente en Reino Unido, concretamente en Gales, acudirá al funeral.

También se prevé asistencia de los monarcas de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo o Mónaco, entre otros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también acudirá junto a otros muchos mandatarios de Europa, América y Asia.

¿Putin?

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que no tiene intención de acudir. No se sabe si acudirá el papa Francisco, que, a sus 86 años, tiene problemas de movilidad y últimamente se desplaza en silla de ruedas.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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