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La actual situación del mercado inmobiliario en venta y alquiler
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) – El precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana frenará este año su incremento o incluso bajará ligeramente tras registrar en 2018 un aumento del precio medio de venta del 3,62%, y del alquiler de un 15,92%, que ha aumentado sobre todo en los barrios periféricos por la fuerte presión alcista registrada en años anteriores en los centros de las ciudades, según el informe de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVA).
Al respecto, la presidenta de ASICVA, Nora García, acompañado del tesorero de la asociación, Óscar Amador, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa para informar de la evolución del mercado en el último año, que ha situado el precio medio de venta en los 114.925 euros en 2018 y el alquiler en los 595 euros en 2018 en la Comunitat Valenciana.
En ese sentido, han advertido de que hay que estar «alerta» porque se está frenando la demanda en la Comunitat Valenciana y aunque los precios no han alcanzado los máximos previos a la burbuja inmobiliaria de 2007 «sí que hay indicios» y «el miedo existe en el sector».
Por ello, la presidenta de ASICVAL ha solicitado una reunión al Gobierno valenciano, para la que no han tenido respuesta, para trasladarle sus planteamientos para aumentar la oferta y controlar así los precios. Para ello, pide «combatir» los apartamentos turísticos y sobre todo dar mayor garantías a los propietarios. Por contra, ha advertido que fijar un precio máximo producirá el efecto contrario.
García ha explicado que el acusado repunte registrado en los dos últimos años es consecuencia de la recuperación económica y sobre todo de «la moda» de los apartamentos turísticos con una oferta de más de 5.000 inmuebles solo en la ciudad de València, de los que el 40% son de particulares. Sin embargo, ha señalado que comienza a detectarse que los propietarios han detectado que esta modalidad «no es tan bonita» y están volviendo al alquiler habitual.
Aún así ha abogado por controlar esta modalidad para paliar «la escasez» de oferta de alquiler habitual, provocada también por la paralización de las promociones de obra nueva, y controlar también el incremento de los precios.
Del mismo modo, considera «imprescindible» que las comunidades de propietarios tengan «voz y voto» sobre los alquiler turísticos, cree que los beneficios fiscales sobre el IBI son «interesantes pero insuficientes» y sobre todo pide aumentar las garantías en la ley de arrendamiento urbano para los propietarios en caso de impagos del inquilino porque ahora están «completamente desamparados».
Por contra, ha alertado de que el aumento en el tiempo legal de alquiler hace subir los precios y ha rechazado por completo fijar un precio máximo o «poner trabas» porque sería «contraproducente» y provocaría que los propietarios no sacarán al mercados los inmuebles.
Asimismo, ha comentado que la incidencia del Brexit «aún no es muy grande» aunque se empieza a notar ya que algunos ingleses comienzan a vender para regresar a sus país y prevé que esta tendencia continúe. Sin embargo, este descenso se verá compensando con el mercado chino que está comprando «muchísimo» para uso propio y como inversión.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO
En concreto, el precio medio de la compra venta de viviendas usadas creció en 2018 un 3,62% en la Comunitat Valenciana hasta situarse en 114.925 euros mientras que el precio por metro cuadrado aumentó un 5,75% hasta los 1.008,5 euros lo que demuestra que cada vez se vende viviendas «más pequeñas pero más caras».
Por provincias, Alicante fue la que más aumentó el precio con un 4,47%, seguida del 3,36% de València y del 1,68% en Castellón. En las capitales el incremento fue del 9,08% en Alicante, del 6,12% en València y del 4,97% en Castellón.
El precio medio por metro cuadrado creció un 10,26% en la provincia de Alicante, un 2,29% en la de Valencia y un 0,08% en Castellón mientras que la subida en las capitales fue de, 8,87%, en València, del 7,43% en Alicante y del 7,41% en Castellón.
El fuerte incremento de los precios en las zonas céntricas de las ciudades ha desplazado las subidas a los barrios periféricos, que han registrados los mayores incrementos en el último año, provocados también por inversores que compraron a buenos precios en los años más bajos y tras una reforma los sacan ahora a la venta con incrementos de hasta el 300%.
Así, en la ciudad de València el distrito de Benimaclet el precio medio de venta ha aumentado un 59,10%, Pobles del Sud un 33,93%, Campanar un 24,02% y Algirós un 23,24%. Solo ha bajado Pobles de l’Oest un 9,83%.
Por su parte, el precio medio mensual de alquiler creció un 15,92% en la Comunitat. Por provincias, el incremento fue del 28,80% en valencia, del 8,99% en Castellón y del 1,40% en Alicante mientras que en las capitales de provincia el aumento fue del 27,52% en València, del 11,59% en Alicante y del 2,65% en Castellón.
Por su parte, el precio medio por m2 creció un 16% en la Comunitat: un 25,49% en Valencia, un 17,50% en Castellón y un 3,92% en Alicante. En las capitales el aumento fue del 20,63% en València, del 13,95% en Castellón y del 6,78% en Alicante.
En el alquiler, al igual que en la venta, los mayores incrementos se han registrado en la periferia con un incremento del 38,80% en Extramurs, del 37,80% en l’Olivereta o del 25,49% en Alguirós mientras que han bajado un 30% en Pobles del mSud y un 14,64% en Camins al Grau.
Estas estadísticas se basan en los informes de las 144 inmobiliarias asociadas a ASICVAL, que forma parte de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España (FAI), con una cartera de 2.500 viviendas en venta.
Publicado
hace 2 minsen
14 diciembre, 2025
El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.
Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.
En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.
Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:
Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.
La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.
Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.
En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.
La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.
También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.
La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.
La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.
En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.
La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.
Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.
El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.
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