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La Comunitat ha acogido a 85 refugiados afganos

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Refugiados evacuados de Afganistán aterrizan en la base aérea de Torrejón de Ardoz. EFE/Archivo

València, 2 sep (EFE/OP).- El Gobierno de España ha dado acogida a 85 refugiados afganos en la Comunitat Valenciana en los últimos días, 42 de ellas mujeres, el 49 % del total, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Estas personas han sido atendidas a través de recursos propios del Estado o bien en centros financiados por el mismo y gestionados por entidades sociales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado Este viernes en un balance de la denominada Operación Antígona que el dispositivo temporal de tránsito de Torrejón atendió a 2.181 personas evacuadas de Afganistán.

En la presentación del balance, el ministro ha subrayado el esfuerzo que se ha realizado para la atender a las personas evacuadas en 17 vuelos, que han llegado a España en los últimos nueve días.

“Nuestra prioridad -ha destacado Escrivá- ha sido que estas familias evacuadas puedan empezar su nueva vida en España cuanto antes, para lo que era necesario ser ágil en las derivaciones hacia los recursos, en los que ya inician su proceso de integración”.

Para ello, el Gobierno de España ofrece a las familias solicitantes de protección internacional las de acogida más idóneas para cada caso, dentro de las cuales recorrerán un itinerario de inclusión personalizado.

El ministro ha indicado igualmente que las derivaciones a las plazas de acogida del Gobierno central a cada Comunidad Autónoma se han realizado tras realizarse entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos eran más adecuados para cada caso.

Entre otras cuestiones, se analizan sus posibles necesidades especiales, la existencia de posibles redes familiares cercanas y la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha resaltado “la capacidad de respuesta del sistema de acogida de protección internacional del Estado ante esta emergencia”, ya que «la estancia media de las familias afganas en Torrejón ha sido de 45 horas, muy inferior de las 72 horas inicialmente fijadas como objetivo».

Ha destacado asimismo que ha sido capaz de admitir a casi 1.700 personas en apenas diez días, “cuando lo habitual era la entrada de 1.300 al mes de media”, lo que ha supuesto un “esfuerzo considerable tanto para nuestros trabajadores como para las entidades colaboradoras», a las que el ministro ha agradecido su trabajo en estos días.

“Esta emergencia -ha indicado- nos ha recordado la importancia de tener un sistema de acogida de protección internacional robusto, algo que España tiene, pero que necesita reforzar”.

Para este refuerzo, el Gobierno central cuenta con el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dedicará 174 millones de euros en el periodo 2021-2024 para la puesta en servicio de nuevos centros.

La finalidad del sistema de acogida del Estado, ha recordado Escrivá, es “facilitar la progresiva autonomía de las personas acogidas y su inserción social y laboral” para lo que su atención se estructura en dos fases.

La primera, de acogida, con una duración mínima de seis meses, prevé su residencia en plazas del sistema. La segunda, de preparación para la autonomía, se encarga de proporcionar ayudas para cubrir las necesidades básicas.

A lo largo de todo el proceso, “se trabaja con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan a la persona refugiada” y que se traducen en una serie de prestaciones del Ministerio de Inclusión.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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