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La Comunitat Valenciana mantiene el nivel 2 de Emergencias ante un posible rebrote

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana mantendrá la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias para seguir garantizando la mayor capacidad de respuesta ante la pandemia de COVID-19 tras la finalización del estado de alarma.

Así lo ha explicado en la comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de seguimiento entre la Generalitat y la Administración General del Estado con motivo de la pandemia de COVID-19. Al encuentro en el Palau han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; las conselleras de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y de Sanidad Universal, y Salud Pública Ana Barceló, así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Este nivel 2 no supondrá ninguna limitación para la ciudadanía y toda la actividad se regirá por los decretos firmados por el president de la Generalitat, pero permitirá mantener una respuesta coordinada ante un posible rebrote o cualquier otro escenario de la emergencia que se pueda presentar. Puig ha indicado en este sentido que, aunque la pandemia está controlada, «no ha acabado» y las administraciones han de permanecer «en alerta». «El virus sigue ahí», ha subrayado el president, quien se ha mostrado de partidario de mantener la «máxima atención posible».

Por ello, el Plan Territorial de la Comunitat Valenciana se mantendrá en situación 2, la misma que en el momento que se decretó la pandemia, nivel que posibilita mantener activo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para así poder dar una respuesta ágil y coordinada ante cualquier eventualidad relacionada con la pandemia.

Reconocimiento público para el personal que ha luchado en primera línea

Ximo Puig ha avanzado además que la Generalitat realizará un acto de reconocimiento público al personal que ha estado en primera línea de la lucha contra la pandemia «dando la cara por todos», además de concederle, tal y como ya anunció la pasada semana en Les Corts, una compensación económica extraordinaria por el trabajo realizado.

El president ha indicado, asimismo, que la Generalitat seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los valencianos y las valencianas y de todas aquellas personas que visiten la Comunitat en las próximas semanas y meses como destino seguro que es. Puig ha señalado que esta semana es «crucial», con la apertura de fronteras y la recuperación de la movilidad en toda España, por lo que ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas respeten las medidas de prevención establecidas.

El president ha insistido también en la importancia de velar por la «detección precoz» de los casos de COVID-19, y ha subrayado, por otro lado, que la Generalitat va a seguir trabajando de forma coordinada con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Ha añadido a este respecto que la «unidad de acción» entre la Administracion central y la autonómica ha dado sus frutos para superar los «momentos más difíciles» de la crisis sanitaria, al igual que también lo ha hecho la responsabilidad con la que ha actuado la ciudadanía al respetar la medidas de confinamiento.

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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