Ante la sala de la Audiencia Provincial de Valencia que este martes ha rechazado el tercer recurso de la defensa de Eduardo Zaplana que solicitaba la puesta en libertad o arresto domiciliario para su defendido, la defensa del exministro pide que sean escuchados aquellos quienes la Ley Orgánica del Poder Judicial menciona como colaboradores de la Administración de Justicia: los médicos forenses. Por ello, sus abogados han solicitado al tribunal que los representantes del Instituto de Medicina Legal que ya le hicieron un examen el pasado 31 de mayo sean llamados a declarar tras realizar un nuevo examen médico al expresidente.

El equipo jurídico que defiende a Eduardo Zaplana, a este respecto, aporta no sólo el informe del doctor García-Manero, que desde Houston hace un seguimiento de la analítica y evolución del paciente, sino también a los informes forenses realizados hasta ahora y en concreto al último informe médico, el remitido por su médico que lo trata en La Fe.

La defensa de Eduardo Zaplana aduce que su petición obedece no sólo a razones humanitarias sino también legales, citando el artículo 508 de la ley de enjuiciamiento Criminal “que no recoge exclusivamente supuestos de riesgo vital, sino también de empeoramiento grave de la salud por razón de la prisión, supuestos en los que la ley acuerda la procedencia del arresto domiciliario”. Los abogados han planteado estos argumentos en la vista de la apelación por la libertad provisional/arresto domiciliario celebrada hoy.

Recurso a la Audiencia Provincial

La defensa del ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, recurrió ante la Audiencia Provincial la negativa de la juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a dejarle en libertad o arresto domiciliario y también la negativa de la juez a que le volvieran a visitar los forenses del Instituto de Medicina Legal. La AP no se ha pronunciado sobre esta segunda cuestión. La Audiencia Provincial de Valencia era la siguiente instancia judicial en la que se podía presentar el recurso de apelación y el único tribunal que puede decidir al respecto. El abogado de Eduardo Zaplana había acudido a este órgano solicitando amparo tras las cuatro negativas del Juzgado de Instrucción, y atendiendo al grave riesgo para la vida del paciente, ya que se trata de “una cuestión puramente humanitaria”.

La última petición denegada se realizó en el mes de agosto tras conocer el tercer informe médico que alertaba del “deterioro acusado del estado general” del paciente, y que señalaba que “la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100%”.

El informe mencionado, y que fue enviado a la juez junto a la solicitud de la defensa, lo elaboró el doctor Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital público de La Fe, en Valencia.

La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia consideró en su momento que el informe médico estaba basado en opiniones y/o informes de prensa, obviando el criterio profesional del mismo.

El doctor Sanz, que es el médico que realizó el trasplante de médula en su día al expresidente, especificaba en su informe que “un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida” y añadía que “al parecer las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro”.

Precisamente, el pasado 3 de agosto, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) criticaba la “gran falta de personal” en las cárceles valencianas e informaba de que, en el centro de Picassent, dónde está interno Eduardo Zaplana, “tendría que haber 21 médicos, más un subdirector médico y un subdirector médico adjunto”, pero “de esos 23 solo hay nueve, de los que cinco están de baja médica”, según recogía Europa Press.

Esa misma información también se hacía eco de que en el centro de Picassent “solamente hay un médico de guardia”.

Lo que dice el tercer informe
Respecto a los informes médicos, los tres son coincidentes en sus aseveraciones y reflejan un aumento progresivo en la preocupación de sus autores. El tercer informe médico, el último, el del doctor Sanz, certificaba el peligro para la vida del exministro y avalaba un empeoramiento de su salud tras 10 semanas en prisión. Según este médico, que es quien le atiende en el hospital La Fe, “la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos 3 meses es cercana al 100%”. El doctor, en su informe periódico, añade que “un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida”. La trascendencia de este tercer informe radica en que el doctor Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital público de La Fe, es el mismo doctor que trató a Eduardo Zaplana desde la operación de trasplante, que tuvo lugar en 2015.

En su informe, el Dr Sanz añade: “no podemos asegurar que los cambios continuos de tratamiento que se realizan en todas las visitas a este centro se actualicen de forma inmediata en el centro penitenciario. Al parecer las actualizaciones de tratamiento no se efectúan de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo del centro”, relata el doctor a cuenta de la situación de carencias de personal de la cárcel de Picassent también denunciadas por el sindicato ACAIP.

En su informe clínico, el doctor Sanz solicita “que se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso urgente del paciente a este centro -refiriéndose a La Fe- en caso de precisarlo, así como de aquellas destinadas a evitar un mayor deterioro que comprometa el éxito del trasplante”.

Los otros informes
Este tercer informe, el hospital de La Fe, coincide en la cuestión del riesgo sobre la vida de Eduardo Zaplana por hallarse en prisión con dos informes previos. Uno, de los médicos forenses de la Clínica Médico Forense de Valencia, dependiente del Ministerio de Justicia, del 30 de mayo pasado, que afirmaba que “la permanencia del paciente en prisión, a pesar del tratamiento dispensado en ella, pone en grave riesgo la vida del paciente, por lo que se recomienda su salida de un lugar de las características de una cárcel”.

Y otro solicitado por la familia de Zaplana al doctor Guillermo García-Manero, jefe de Sección de Leucemia del Hospital Anderson Cancer Center de Houston, en el que éste afirmaba el pasado día 16, que “si el paciente recae, la tasa de mortalidad es cercana al 100%, dado que no hay tratamientos de rescate para estos pacientes”. El doctor García-Manero vio con periodicidad al paciente antes de su entrada en prisión en España. El doctor afirma que “la permanencia del paciente en prisión, a pesar del tratamiento dispensado en ella, pone en grave riesgo la vida del paciente, por lo que se recomienda médicamente su salida de un lugar de las características de una cárcel”.

La familia de Zaplana ha declarado que “ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida. Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país”.