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La desescalada arruina a las peluquerías valencianas y reclaman bajada del IVA

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Esta semana se cumple el primer mes del inicio de la desescalada desde el pasado 4 de mayo cuando arrancó la fase 0 en todo el territorio nacional. La Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, da a conocer los resultados del Estudio sobre la desescalada en el sector de las Peluquerías en España; continuando con la respuesta masiva de los salones de peluquería e imagen personal en los estudios promovidos por la Alianza, han participado en esta ocasión más de 300 peluquerías de las organizaciones valencianas integradas en La Alianza: Gremio Provincial de Peluquería de Caballeros y Belleza de Valencia, la Cooperativa Peluquería & Estética de la Comunidad Valenciana, y Peluquería Pura y Dura.

Como punto de partida, el estudio refleja que el 80,9% de los salones de peluquería de Valencia abrió de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo, desde el mismo inicio de la Fase 0, poniendo nuevamente de manifiesto su compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo.

En relación al porcentaje de actividad que ha desarrollado el sector de la imagen personal valenciana, el 65,17% de las peluquerías está trabajando por debajo del 33% de su actividad normal.

En cuanto a el porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad, teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 65,96% de los locales ha abierto con menos del 33% de su personal.

Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la actividad, el sector de las peluquerías demuestra su rápida capacidad de respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento interpersonal, y la adaptación a sistema de cita previa. En este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que el 55,07% considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de guantes, máscaras y sistemas de protección, en su mayoría de un solo uso, o las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la necesidad de realizar una atención personalizada de cada trabajador a cada cliente, que se considera bastante o muy difícil para el 51,03% de las peluquerías.

En cuanto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la prestación de servicio con la que se puso en marcha el servicio a la Fase 0 el pasado 4 de mayo, el 62,89% de las peluquerías valencianas se encuentran en el límite de su supervivencia.

En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el Gobierno español, el 93,79% de las peluquerías que han participado en el estudio, consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los ERTE hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la finalización de la alarma nacional si se quiere evitar la amenaza de desaparición de más del 40% de las peluquerías hasta un total de 2.000 en Valencia.

Como conclusión de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el injusto tratamiento fiscal en que lleva 8 años instal.lat el sector de la peluquería sufriendo un 21% de IVA aunque considerarse un servicio esencial, el 96,08% de las peluquerías considera que la bajada del IVA al 10% sería una herramienta clave y indispensable para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estos pequeños negocios y salir de esta crisis económica.

En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, ha reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA, y que fue apoyada por los grupos políticos que apoyan al actual gobierno de coalición.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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