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La desescalada arruina a las peluquerías valencianas y reclaman bajada del IVA

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Esta semana se cumple el primer mes del inicio de la desescalada desde el pasado 4 de mayo cuando arrancó la fase 0 en todo el territorio nacional. La Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, da a conocer los resultados del Estudio sobre la desescalada en el sector de las Peluquerías en España; continuando con la respuesta masiva de los salones de peluquería e imagen personal en los estudios promovidos por la Alianza, han participado en esta ocasión más de 300 peluquerías de las organizaciones valencianas integradas en La Alianza: Gremio Provincial de Peluquería de Caballeros y Belleza de Valencia, la Cooperativa Peluquería & Estética de la Comunidad Valenciana, y Peluquería Pura y Dura.

Como punto de partida, el estudio refleja que el 80,9% de los salones de peluquería de Valencia abrió de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo, desde el mismo inicio de la Fase 0, poniendo nuevamente de manifiesto su compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo.

En relación al porcentaje de actividad que ha desarrollado el sector de la imagen personal valenciana, el 65,17% de las peluquerías está trabajando por debajo del 33% de su actividad normal.

En cuanto a el porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad, teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 65,96% de los locales ha abierto con menos del 33% de su personal.

Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la actividad, el sector de las peluquerías demuestra su rápida capacidad de respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento interpersonal, y la adaptación a sistema de cita previa. En este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que el 55,07% considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de guantes, máscaras y sistemas de protección, en su mayoría de un solo uso, o las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la necesidad de realizar una atención personalizada de cada trabajador a cada cliente, que se considera bastante o muy difícil para el 51,03% de las peluquerías.

En cuanto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la prestación de servicio con la que se puso en marcha el servicio a la Fase 0 el pasado 4 de mayo, el 62,89% de las peluquerías valencianas se encuentran en el límite de su supervivencia.

En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el Gobierno español, el 93,79% de las peluquerías que han participado en el estudio, consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los ERTE hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la finalización de la alarma nacional si se quiere evitar la amenaza de desaparición de más del 40% de las peluquerías hasta un total de 2.000 en Valencia.

Como conclusión de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el injusto tratamiento fiscal en que lleva 8 años instal.lat el sector de la peluquería sufriendo un 21% de IVA aunque considerarse un servicio esencial, el 96,08% de las peluquerías considera que la bajada del IVA al 10% sería una herramienta clave y indispensable para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estos pequeños negocios y salir de esta crisis económica.

En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, ha reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA, y que fue apoyada por los grupos políticos que apoyan al actual gobierno de coalición.

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El Constitucional decide hoy si admite el recurso contra la suspensión de la Ley de Nietos

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Elecciones Europeas Valencia voto correo

El Tribunal Constitucional estudia este miércoles, 21 de octubre, si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto de parte de los españoles nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de Nietos, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión llega en plena controversia sobre cómo aplicar la resolución del Tribunal Supremo, que limita el ejercicio del voto de los nuevos nacionalizados a quienes puedan acreditar documentalmente que descienden de personas exiliadas. Al recurso del Defensor del Pueblo se ha sumado un ciudadano afectado por la suspensión.

Los letrados del Constitucional ven prematuro admitir el recurso

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional considera que sería «prematuro» admitir el recurso de amparo en este momento. No obstante, la decisión corresponde al Pleno del tribunal, que debe determinar si lo tramita.

Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, 163.020 personas han sido incorporadas al censo electoral tras obtener la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. La controversia se centra ahora en determinar quiénes podrán votar en los comicios del 29-N conforme a los criterios establecidos por el Supremo.

El problema de comprobar los documentos antes del 29-N

La verificación de los expedientes se ha convertido en uno de los principales obstáculos. Exteriores ha puesto en marcha un procedimiento para trasladar a la Oficina del Censo Electoral la información de los nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el sistema DICIREG.

Desde entonces se han inscrito alrededor de 70.000 personas cuyos datos ya están disponibles para la Oficina del Censo. Para los expedientes anteriores, las comprobaciones requieren revisar manualmente la documentación aportada para acceder a la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Un total de 48 oficinas consulares han completado, de forma total o parcial, este proceso. El Ministerio de Exteriores ha advertido, sin embargo, de la dificultad de finalizar las comprobaciones a tiempo para las elecciones.

La Junta Electoral enviará la documentación, pero no todos podrán votar

La Junta Electoral Central acordó remitir la documentación electoral a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), aunque ha advertido de que el envío no significa que todos puedan ejercer finalmente el derecho al voto.

El objetivo es que quienes no estén afectados por la resolución del Supremo reciban a tiempo los documentos necesarios para participar en las elecciones. El alto tribunal ha dado a las partes personadas un plazo para presentar alegaciones sobre la decisión de la Junta Electoral Central, que concluye este miércoles a las 15.00 horas.

Entre las partes emplazadas figuran la Abogacía General del Estado, la Fiscalía y los partidos Vox e Iustitia Europa.

También comienza el plazo para presentar las candidaturas

La deliberación del Constitucional coincide con el inicio del plazo para presentar las listas electorales al Congreso y al Senado. Los partidos y coaliciones pueden registrar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales desde este miércoles, 21 de octubre, hasta el lunes 26 de octubre.

Las formaciones afrontan estos días las negociaciones para cerrar sus listas y concretar los acuerdos electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre.

La resolución del Constitucional sobre la Ley de Nietos será clave para conocer si el recurso del Defensor del Pueblo sigue adelante. La admisión a trámite no supondría por sí misma una resolución definitiva sobre el fondo del asunto ni garantizaría automáticamente el voto de todas las personas afectadas.

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