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La Diputación de Castellón destinará 820.000€ a los ayuntamientos para reparar los daños

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CASTELLÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) – La Diputación de Castellón destinará 820.000 euros a los ayuntamientos de la provincia para ayudar a reparar los daños ocasionados por el último temporal, según ha anunciado este lunes en rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Javier Moliner.

De esta cantidad, 675.000 euros se destinarán directamente a los ayuntamientos –5.000 euros a cada uno– «para pagar facturas emitidas desde el 19 al 31 de octubre vinculadas a la recuperación de la normalidad tras el temporal», mientras que la Diputación aportará otros 152.000 euros para realizar una ampliación extraordinaria del contrato de mantenimiento de caminos rurales «que permitirá durante estos últimos meses del año actuar sobre caminos rurales dañados por las lluvias», según Moliner.

Esta línea de ayuda se aprobará en el pleno de este martes con una modificación de crédito, «con el fin de que se puedan aprobar también las bases de las ayudas y que los ayuntamientos puedan acogerse desde mañana», según ha explicado el presidente de la Diputación.

Moliner se ha congratulado de «haber sido capaces de superar esta situación sin tener que lamentar daños personales», y ha mostrado su «solidaridad» y «condolencias» con el Cuerpo de Bomberos de Málaga «que han visto la pérdida de uno de sus efectivos».

A la vez, ha agradecido el trabajo «ímprobo» del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón «por salvaguardar la integridad de las personas y que los daños sobre los bienes fueran los menos posibles», así como de Protección Civil, Guardia Civil y Policías Locales.

294 SERVICIOS
Según ha recordado, el Consorcio de Bomberos ha efectuado un total de 294 servicios, de los que 223 han sido achiques de agua, 12 por caídas de árboles, nueve traslados de personas y 50 rescates de vehículos con gente en el interior. Se ha intervenido en 38 municipios.

Respecto a la red provincial de carreteras, Moliner ha indicado que de las 66 vías que la componen se ha intervenido en 57, y han estado más de 60 personas trabajando en ellas durante el fin de semana. Todas han recuperado la normalidad, a excepción de Càlig-Sant Jordi, el acceso a Cedramán y Navajas-Algimia de Almonacid –el tramo entre Matet y Algimia–.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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