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Valencia

La familia de un dependiente denuncia el trato que recibió en el Hospital de Alzira

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EFE/ Kai Försterling/Archivo

València, 3 feb (EFE).- La familia de un hombre de 74 años dependiente ha denunciado la «lamentable» atención que recibió en el Hospital de Alzira, donde asegura que estuvo casi 24 horas en un pasillo junto al ascensor, donde «sin ningún tipo de intimidad» le cambiaron el pañal ante las personas que accedían al recinto, lo que hizo que se sintiera «humillado».

Además, según consta en la queja presentada en el centro hospitalario, a la que ha tenido acceso EFE, Francisco B. «viendo su situación decidió declararse en huelga de hambre y se negó a tomar la mediación por falta de atención médica y por las condiciones infrahumanas en las que estaba».

Desde el centro hospitalario han informado a EFE de que el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) «ya ha iniciado los trámites oportunos tras la recepción de la queja interpuesta por los familiares del paciente».

Complicaciones de una enfermedad rara

Según relata a EFE la hija del paciente, su padre entró por su propio pie en el hospital La Ribera el 27 de diciembre, y por complicaciones de una enfermedad rara, «ha quedado dependiente», un «dolor al que hay que sumarle una cadena de despropósitos cometidos por el hospital en nombre de la pandemia».

El departamento de neurología tomó la decisión de trasladar al paciente al Hospital Vithas Aguas Vivas, para una atención más especializada pero, después de cinco días «y por razones que la familia aún no entendemos» se ordenó su regreso al hospital de Alzira a las 23:00 horas del 27 de enero.

«La vida de mi padre no corría peligro, cosa que hace inexplicable el traslado express a esa hora de la noche, pero terminó en un pasillo fuera de urgencias casi 24 horas, delante de un ascensor visible a todo el que va a consultas externas y sin ningún tipo de intimidad cuando lo tenían que lavar y cambiar el pañal, a ojos de todo el que pasaba», indican en la queja.

Añade que «después de pasar toda la noche en un pasillo, y cuando vio que a la mañana siguiente aún no lo subían a planta, decidió declararse en huelga de hambre y se negó a tomar la medicación por falta de atención médica y por las condiciones infrahumanas que estaba padeciendo».

Según la queja, mientras esto ocurría «los hijos estaban totalmente ajenos a esta situación, ya que en ningún momento el hospital se puso en contacto con ellos», cosa que «estaba expresamente indicada por escrito con antelación dada la condición dependiente del paciente».

«Nos enteramos de lo que estaba pasando porque mi propio padre le pidió a un trabajador del hospital que por favor cogiera su teléfono y llamara a su hija», explican en la queja, que añade que se trasladaron al hospital donde se les negó «el derecho a la información en tres ocasiones, tanto a la hija, como al hijo, como a la pareja de Francisco» .

Según aseguran a EFE fuentes familiares «nadie, a día de hoy, se ha puesto en contacto con la familia vulnerando el derecho a la información del paciente» y añaden que «la gente que no padece covid también tiene derecho a la vida y a una atención digna, cosa que no ha sucedido en el caso de mi padre».

La familia, que asegura sentirse «destrozada», afirma que ha querido hacer pública esta situación para «exigir responsabilidades» y para asegurar una «atención digna a nuestro ser querido».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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