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La Fiscalía admite la prórroga de las restricciones solicitada por el Consell

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los barrios más poblados de València
EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 13 ago (EFE).- La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha informado este viernes de que no se opone a las restricciones planteadas por el Consell al Tribunal Superior de Justicia, tanto a la prórroga de las ya existentes como a otras nuevas.

Ahora deberá ser la Sala de lo Contencioso del alto tribunal valenciano la que se pronuncie sobre la legalidad de dichas restricciones, como es preceptivo.

La Generalitat Valenciana solicitó el pasado miércoles al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la prórroga de las restricciones provocadas por la pandemia en 68 municipios (actualmente son 77) hasta el 6 de septiembre.

Las restricciones actualmente vigentes en la Comunitat Valenciana comprenden actualmente el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 77 municipios y la limitación a un máximo de 10 personas las que se pueden reunir en domicilios y en espacios de uso privado y de uso público, tanto en interiores como al aire libre.

La nueva petición del Consell al TSJCV contempla que la limitación de 10 personas en las reuniones sociales sea efectiva únicamente en los 68 municipios con un mayor riesgo de contagios.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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