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La Generalitat pedirá pasar a la Fase 1 limitando las reuniones de hasta diez personas en un departamento

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El Generalitat Valenciana ha remitido ya una carta al Gobierno central en la que solicita el pase de toda la Comunitat Valenciana a la fase 1 de la desescalada con dos restricciones: posponer las reuniones de hasta diez personas en un departamento por su «singularidad», que no ha querido desvelar hasta que lo comunique a los alcaldes afectados, y retrasar también por «prudencia» en todo el territorio la celebración de actos culturales al aire libre de menos de 200 personas.

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha explicado en rueda de prensa que la carta en la que piden que pasen los 14 departamentos que aún siguen en fase 0 se sustenta en el informe que ya presentaron la semana pasada junto a una actualización de datos epidemiológicos. La consellera mantendrá mañana una reunión con el ministro, Salvador Illa, en la que confía que les avance cuándo comunicará su decisión de si autoriza el cambio de fase.

Al respecto, ha señalado que las aclaraciones sobre la movilidad en las áreas de salud más pobladas, que fue el impedimento para que estas 14 zonas cambiara de fase, junto a los datos positivos y el hecho de que estas áreas llevarán más días confinados cuando comience la desescalada deberían ser razones «suficientes» para levantar el veto.

Así, ha recalcado que la Comunitat, está «en disposición» de pasar toda ella a la Fase 1 al igual que pensaban que ya estaba preparada la semana pasada. No obstante, ha matizado: «Vamos a esperar siempre hemos sido muy prudentes».

En este sentido, ha comentado que el Gobierno aún no les ha trasladado por escrito el informe en el que sustentó su negativa a autorizar el pase a estos 14 departamentos, pero ha insistido en que la reunión del lunes con Illa fue «muy aclaratoria» sobre la realidad territorial de la Comunitat y su capacidad para «detectar, controlar y hacer un seguimiento» de los casos.

LIMITACIONES

Barceló ha explicado que reclaman que la medida de contacto social de 10 personas se posponga en el caso de un departamento de Salud «por su singularidad», pero no ha concretado a cuál se refería por «respeto institucional» a los alcaldes afectados. Esta restricción se mantendrá en función de la evolución de la situación y afectará a todos los lugares de reunión, sean en domicilios o en terrazas.

Así mismo, piden que la medida contemplada en Fase 1 referida a actos y espectáculos culturales al aire libre no se aplique en todo el territorio valenciano por «prudencia» ya que considera «un riesgo excesivo» que se puedan concentrar hasta 200 personas cuando se debe seguir manteniendo la distancia social. «No hay prisa por celebrar un acto cultural cuando llevamos meses confinados», ha constatado. Esta limitación ya la solicitó la pasada semana.

Barceló ha explicado que en cada cambio de fase «se estudiará la situación» para ver si es necesario solicitar alguna restricción «siempre guiados por un sentido de prudencia. «Vamos paso a paso en función de evolución», ha evidenciado.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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