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La incidencia sigue al alza en España: 16.716 nuevos contagios y 247 muertes más

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datos covid España

Madrid, 30 dic (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha reportado un nuevo incremento de la incidencia acumulada en 14 días, que aumenta en 10 puntos hasta los 265.45 casos de covid por cada 100.000 habitantes, además de notificar 16.716 nuevos contagios, que elevan la cifra total de positivos a 1.910.218, y la de muertos a 50.689, con 247 fallecidos más.

Además, las comunidades han notificado a Sanidad que hay 11.905 enfermos ingresados (127 menos que ayer) en los hospitales, con una ocupación hospitalaria del 9,80 por ciento frente al 9,94 % del martes, que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,35 % de las camas (21,05 %).

La incidencia acumulada vuelve este miércoles a los niveles de la pasada semana, cuando se registraron 262,79 casos por cada 100.000 habitantes el 24 de diciembre, después de haber descendido a 246,19 el lunes 28, aunque ayer, martes, repunto hasta 255,55.

Por comunidades, el mayor número de contagios se sigue registrando en Baleares, con 528,77 (522,85 ayer); Extremadura, con 459,86 (422,59); Comunidad Valenciana, con 377,40 (363,99); Madrid, con 371,24 (349,88); Cataluña, con 349,48 (330,79) y Castilla-La Mancha, con 308,63 (302,82).

Sanidad ha notificado 646 nuevas defunciones en los últimos siete días (frente a las 554 notificadas el martes para el mismo período), de las que 129 se han producido en la Comunidad Valenciana, 86 en Madrid, 78 en Andalucía, 49 en Castilla y León, y 44 en Cataluña.

Desde que se inició la pandemia, Madrid se sitúa a la cabeza del número de fallecimientos, con 11.827 defunciones, seguida por Cataluña, con 8.689, Andalucía, con 5.100, y Castilla y León, con 5.071.

La mayor presión hospitalaria en las ucis está en Cataluña, con un 34,01 % de ocupación (33,59 % ayer); seguida de Baleares, con 31,51 % (29,41 %); Comunidad Valenciana, con 29,31 % (28,63 %); Castilla y León, con 26,29 % (23,81 %), y Castilla-La Mancha, con 25,53 % (25,79 %).

Por encima de la media nacional de 21,34 % también se encuentran las ucis de Madrid (25,17 %), La Rioja (21,67 %) y Melilla (21,43 %).

Del total de casos diagnosticados en los últimos 14 días -124.830- presentaron síntomas 47.630, lo que indica que un 62 % de los contagiados son asintomáticos, y la positividad ha pasado a un 9 % desde el 8,82 % de ayer.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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