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La juez del caso Erial embarga medio millón de euros de Juan Cotino

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València, 10 dic (EFE).- La juez del caso Erial, en el que está inculpado el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, entre otros, ha embargado bienes del ex director general de la Policía Nacional y exvicepresidente del Gobierno valenciano, Juan Cotino, por valor de medio millón de euros, a pesar de que esta persona ya ha fallecido, para garantizar la recuperación del dinero que pudiera haberse defraudado.

El caso Erial se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Juan Cotino estaba imputado en la causa junto a su sobrino Vicente.

La muerte del también expresidente de Les Corts Valencianes extingue su responsabilidad penal, pero ello no impide que se decomisen bienes que pertenecían al inculpado para, eventualmente, recuperar el dinero defraudado, aunque no sea derivando una responsabilidad civil de una condena que, al haber muerto esta persona, no se va a producir.

La recuperación de bienes podría derivarse, así, de hechos probados en una futura sentencia y de los indicios existentes cuando el inculpado estaba vivo, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, la magistrada ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, embargar bienes de Cotino por valor de medio millón de euros, para garantizar el posterior decomiso.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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