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Nueva Ley: Los nuevos dispositivos digitales incluirán control parental por defecto

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Ley control parental dispositvos móviles

El Gobierno ha aprobado una nueva ley de protección de menores en entornos digitales que obligará a los fabricantes a incorporar control parental preactivado en todos los dispositivos digitales nuevos. Este sistema se activará en el momento de la configuración del aparato para limitar el acceso de los menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas.

Control parental obligatorio y sanciones para su incumplimiento

El nuevo sistema de control parental será gratuito, fácil de manejar y obligatorio en todos los dispositivos. Además, los productos incluirán un etiquetado que explique los riesgos y efectos de un uso inadecuado en el desarrollo físico, mental y moral de los menores.

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha advertido de que las empresas que no cumplan con esta normativa se enfrentarán a sanciones:

“Se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos”, ha señalado.

Las empresas tecnológicas deberán asumir su responsabilidad

El Ministerio de Juventud e Infancia, junto con los ministerios de Justicia, Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, ha impulsado este proyecto con el objetivo de que las empresas fabricantes analicen el impacto de sus productos en la infancia y adolescencia.

La normativa reconoce el derecho de los menores a:
 Ser protegidos eficazmente frente a contenidos digitales perjudiciales.
 Recibir información clara y veraz sobre los riesgos de la tecnología.
 Disfrutar de un entorno digital seguro.

Fuentes del Ministerio han calificado esta ley como «pionera», destacando la necesidad de un control público y democrático de los entornos digitales.

“Las redes sociales no pueden estar al arbitrio de unos pocos multimillonarios estadounidenses”, han subrayado.

Más medidas para proteger a los menores

Regulación del uso de ordenadores y tabletas en colegios: Se establecerán normas para el uso supervisado de estos dispositivos en el ámbito educativo.

Programas de prevención en atención primaria:

Se impulsarán medidas para detectar problemas de salud física, psíquica y emocional derivados del uso excesivo de pantallas en menores.

 Estrategia Nacional para la protección digital:

El Gobierno trabajará en políticas para promover un uso saludable de la tecnología y reducir los riesgos para los menores.

El proyecto inicia su tramitación parlamentaria

La nueva ley de protección de menores en entornos digitales inicia ahora su trámite parlamentario. Se espera que en los próximos meses se concreten los plazos de aplicación y las medidas específicas para su cumplimiento.

 

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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