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La mayoría de los refugiados que llegan a España proceden de Venezuela y Colombia

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Muchas personas que buscan refugio en la Unión Europea (UE) son rechazadas en las fronteras, en ocasiones, sin tener en cuenta su situación, ni la necesidad de garantizar su seguridad y protección, en oposición directa a uno de los principios fundamentales de la Convención sobre Refugiados de 1951. Esta situación, unida a la escasez de vías legales, implica mayores riesgos para la seguridad de las personas refugiadas.

En el Día Mundial del Refugiado, celebrado cada 20 junio, Cruz Roja recuerda la importancia de que los estados renueven y fortalezcan su compromiso con la Convención de Refugiados de 1951, reforzando los pilares de un enfoque coordinado a largo plazo para proteger a las personas refugiadas. Este enfoque debería asegurar la existencia de vías legales y seguras para que el derecho de asilo sea una realidad en Europa.

Cruz Roja Española trabaja con las personas solicitantes de asilo y refugiadas desde hace más de 30 años, desarrollando una amplia respuesta humanitaria para apoyarlas en los procesos de acogida e integración.

En España, las nacionalidades mayoritarias de las personas atendidas por Cruz Roja en 2018 han sido venezolanas (el 24,8%), colombianas (el 12,2%), ucranianas (el 8,6%) y sirias (el 6,4%). El 40% de las personas atendidas fueron mujeres y el 23% tenían menos de 18 años.

Cruz Roja Española es una de las organizaciones que participan en la gestión del programa de acogida a personas solicitantes de protección internacional en España, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

La intervención de Cruz Roja consta de varias fases que cubren desde la primera acogida hasta la integración y la autonomía de los participantes, con una duración aproximada de 18 a 24 meses.

Para ello, Cruz Roja diseña itinerarios personalizados de inserción socio laboral que cubren las necesidades básicas de los refugiados y solicitantes de Protección Internacional, ofreciéndoles, entre otros, servicios de apoyo jurídico, psicológico, traducción e interpretación, aprendizaje del idioma, ayudas económicas, formación, orientación e intermediación laboral.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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