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Así será la moción de censura a Rajoy que arranca este jueves a las 9h

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La moción de censura presentada el pasado viernes por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que busca investir al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como nuevo presidente, se debate este jueves 31 y viernes 1 de junio.

Fuentes cercanas a Sánchez han considerado una «buena noticia» que esta semana se decida «si Rajoy es censurado o no». También han destacado que será una «oportunidad para acabar con la situación de deterioro de nuestras instituciones para mejorar la calidad democrática y abrir un nuevo tiempo».

El pleno de la moción arrancará a las 9 horas, y se prolongará hasta las 21 horas, con la intervención inicial del grupo socialista para defender la moción de censura. A continuación, y también sin limitación de tiempo, intervendrá Sánchez “a efectos de exponer el programa político del Gobierno que pretende formar”. El Gobierno puede pedir la palabra en cualquier momento.

El reglamento del Congreso prevé que intervengan “un representante de cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara que lo solicite por tiempo de treinta minutos”. Además, “todos los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos”.

Uno de los discursos más esperados será el del portavoz del PNV, Aitor Esteban. Su grupo solo está formado por cinco diputados, pero en ellos está el futuro del gobierno de España dependiendo de si apoyan o no la moción. Podemos secundará la moción. ERC y el PDeCAT han mostrado dudas, aunque en un primer momento se mostraron a favor de respaldar a Sánchez sin pedir contrapartidas. Ciudadanos ya ha anunciado que no apoyará la moción.

Estas posiciones se traducen en muchos escenarios posibles, y en todos ellos el PNV es ‘clave’unos números que siempre conducen al PNV. Si finalmente los independentistas catalanes se decantan por apoyar a Sánchez junto a Podemos, Compromís y Bildu, la moción de censura sobrepasará los 176 votos que requiere la ley y prosperará. En cambio, una abstención de los nacionalistas vascos provocará el fracasó de Sánchez en su intento de convertirse en presidente del Gobierno. Será su segunda derrota, pues ya en 2015 no logró alzarse con la investidura que intentó tras pactar con Rivera.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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