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Así será la moción de censura a Rajoy que arranca este jueves a las 9h

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La moción de censura presentada el pasado viernes por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que busca investir al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como nuevo presidente, se debate este jueves 31 y viernes 1 de junio.

Fuentes cercanas a Sánchez han considerado una «buena noticia» que esta semana se decida «si Rajoy es censurado o no». También han destacado que será una «oportunidad para acabar con la situación de deterioro de nuestras instituciones para mejorar la calidad democrática y abrir un nuevo tiempo».

El pleno de la moción arrancará a las 9 horas, y se prolongará hasta las 21 horas, con la intervención inicial del grupo socialista para defender la moción de censura. A continuación, y también sin limitación de tiempo, intervendrá Sánchez “a efectos de exponer el programa político del Gobierno que pretende formar”. El Gobierno puede pedir la palabra en cualquier momento.

El reglamento del Congreso prevé que intervengan “un representante de cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara que lo solicite por tiempo de treinta minutos”. Además, “todos los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos”.

Uno de los discursos más esperados será el del portavoz del PNV, Aitor Esteban. Su grupo solo está formado por cinco diputados, pero en ellos está el futuro del gobierno de España dependiendo de si apoyan o no la moción. Podemos secundará la moción. ERC y el PDeCAT han mostrado dudas, aunque en un primer momento se mostraron a favor de respaldar a Sánchez sin pedir contrapartidas. Ciudadanos ya ha anunciado que no apoyará la moción.

Estas posiciones se traducen en muchos escenarios posibles, y en todos ellos el PNV es ‘clave’unos números que siempre conducen al PNV. Si finalmente los independentistas catalanes se decantan por apoyar a Sánchez junto a Podemos, Compromís y Bildu, la moción de censura sobrepasará los 176 votos que requiere la ley y prosperará. En cambio, una abstención de los nacionalistas vascos provocará el fracasó de Sánchez en su intento de convertirse en presidente del Gobierno. Será su segunda derrota, pues ya en 2015 no logró alzarse con la investidura que intentó tras pactar con Rivera.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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