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Reyero atribuye a Paco Camps toda la responsabilidad de la Fórmula Uno

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VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) –

La que fuera responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) y persona de máxima confianza del ‘expresident’ Francisco Camps, Belén Reyero, ha declarado este martes en el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en València, que fue precisamente Camps el artífice del proyecto y de la inclusión de la empresa Valmor como organizadora de la prueba.

Así lo ha apuntado durante su declaración como investigada que se ha prolongado alrededor de tres horas ante este juzgado, que instruye la causa dividida en tres piezas: esta primera, formada por la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez ‘Aspar’, y en beneficio del expiloto, también investigado; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La primera incluye también el aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011 «por orden directa» de Camps tras un viaje a Londres realizado días antes. El expresident dimitió de su cargo el 20 de julio por la conocida como ‘causa de los trajes’ derivada del caso Gürtel.

Según ha podido saber Europa Press, Reyero, durante su declaración en la que ha contestado a preguntas de fiscal, Abogacía de la Generalitat y defensa y no ha querido hacerlo a las del letrado del ‘expresident’, ha asegurado que todo el proyecto y las decisiones que se adoptaban sobre él venían dadas por Camps, tanto en la gestión de la prueba como en el hecho de que estuviera Valmor en su organización.

Asimismo, según las fuentes consultadas, la idea inicial del exjefe del Consell era que la Generalitat asumiera los costes y evitar que Valmor tuviera pérdidas, un hecho que se sabía ya desde una reunión con responsables de la mercantil de ‘Aspar’ tras la celebración del primer Gran Premio en València y en la que se vio que el resultado del evento era déficit.

El papel de Reyero en el proceso era el de gestionar los contratos y negociar con el magnate de la F1, Bernie Ecclestone, porque se lo pedía Camps, que era quien tenía la última palabra y al que ella le preguntaba sobre si se debía dar el visto bueno a las propuestas del inglés, y la mayoría de las veces la respuesta era afirmativa, según las fuentes consultadas.

La exresponsable de Eventos de la SPTCV, con la que se han desgranado los diferentes contratos suscritos, ha explicado que
gestionaba y despachaba todo con Camps y que tenía la orden de ir asumiendo todos los contratos que fueran saliendo con la F1, la mayoría «de adhesión».

NEGOCIACIÓN PRIVADA PREVIA
Reyero ha precisado que Ecclestone y Camps los gestionaban primero de manera privada y llegaban a acuerdos y, con posterioridad, el expresident la mandaba a ella para materializarlos. Belén Reyero es una de las investigadas en esta causa cuyo papel se recoge en el informe policial realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre el proceso de negociación de la F-1 entre 2006 y 2014.

La investigada llega a referirse a la F1, en correos analizados por la Policía, como «este pequeño desastre», habla del uso de Valmor por terceros para sacar dinero o se refiere a Camps y Ecclestone como «tarados mundiales». «Me paso el año luchando con gentuza que quieren vivir a costa del dinero público», llega a decir, o pregunta a su interlocutora: «¿Te has creído también que el evento es rentable?? Eres muy buena!!!».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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