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Reyero atribuye a Paco Camps toda la responsabilidad de la Fórmula Uno

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VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) –

La que fuera responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) y persona de máxima confianza del ‘expresident’ Francisco Camps, Belén Reyero, ha declarado este martes en el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en València, que fue precisamente Camps el artífice del proyecto y de la inclusión de la empresa Valmor como organizadora de la prueba.

Así lo ha apuntado durante su declaración como investigada que se ha prolongado alrededor de tres horas ante este juzgado, que instruye la causa dividida en tres piezas: esta primera, formada por la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez ‘Aspar’, y en beneficio del expiloto, también investigado; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La primera incluye también el aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011 «por orden directa» de Camps tras un viaje a Londres realizado días antes. El expresident dimitió de su cargo el 20 de julio por la conocida como ‘causa de los trajes’ derivada del caso Gürtel.

Según ha podido saber Europa Press, Reyero, durante su declaración en la que ha contestado a preguntas de fiscal, Abogacía de la Generalitat y defensa y no ha querido hacerlo a las del letrado del ‘expresident’, ha asegurado que todo el proyecto y las decisiones que se adoptaban sobre él venían dadas por Camps, tanto en la gestión de la prueba como en el hecho de que estuviera Valmor en su organización.

Asimismo, según las fuentes consultadas, la idea inicial del exjefe del Consell era que la Generalitat asumiera los costes y evitar que Valmor tuviera pérdidas, un hecho que se sabía ya desde una reunión con responsables de la mercantil de ‘Aspar’ tras la celebración del primer Gran Premio en València y en la que se vio que el resultado del evento era déficit.

El papel de Reyero en el proceso era el de gestionar los contratos y negociar con el magnate de la F1, Bernie Ecclestone, porque se lo pedía Camps, que era quien tenía la última palabra y al que ella le preguntaba sobre si se debía dar el visto bueno a las propuestas del inglés, y la mayoría de las veces la respuesta era afirmativa, según las fuentes consultadas.

La exresponsable de Eventos de la SPTCV, con la que se han desgranado los diferentes contratos suscritos, ha explicado que
gestionaba y despachaba todo con Camps y que tenía la orden de ir asumiendo todos los contratos que fueran saliendo con la F1, la mayoría «de adhesión».

NEGOCIACIÓN PRIVADA PREVIA
Reyero ha precisado que Ecclestone y Camps los gestionaban primero de manera privada y llegaban a acuerdos y, con posterioridad, el expresident la mandaba a ella para materializarlos. Belén Reyero es una de las investigadas en esta causa cuyo papel se recoge en el informe policial realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre el proceso de negociación de la F-1 entre 2006 y 2014.

La investigada llega a referirse a la F1, en correos analizados por la Policía, como «este pequeño desastre», habla del uso de Valmor por terceros para sacar dinero o se refiere a Camps y Ecclestone como «tarados mundiales». «Me paso el año luchando con gentuza que quieren vivir a costa del dinero público», llega a decir, o pregunta a su interlocutora: «¿Te has creído también que el evento es rentable?? Eres muy buena!!!».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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