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La oferta de Ribó al PSPV para lograr un acuerdo de gobierno sin ceder la vicealcaldía

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VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – Compromís y PSPV-PSOE han reanudado en las últimas horas las negociaciones para cerrar el acuerdo que lleve a conformar en el Ayuntamiento de València un gobierno de coalición entre ambas formaciones para el mandato que acaba de comenzar. Los contactos se han restablecido después de que la reunión celebrada el martes de la pasada semana terminara sin haber puesto fecha para un próximo encuentro.

Ese día, la portavoz socialista en el consistorio y secretaria general del PSPV en la capital valenciana, Sandra Gómez, señaló que su partido «nunca» iba a «dar por rotas las negociaciones» aunque reconoció que estaban paradas y admitió que había «un deterioro de la relación» entre Compromís y los socialistas en ese proceso. Gómez pidió al alcalde, Joan Ribó (Compromís), y a su coalición «sinceridad, confianza y lealtad».

Por su parte, el primer edil afirmó esa jornada que «para avanzar en negociaciones es imprescindible no introducir noticias falsas y es imprescindible un mínimo de lealtad» y posteriormente se mostró «seguro» de que en unos días se llegaría a un acuerdo de gobierno municipal entre Compromís y el PSPV para dirigir la ciudad entre 2019 y 2023.

Tras un primer contacto este miércoles por la tarde, la comisión negociadora que integran miembros de Compromís y del PSPV se ha reunido de nuevo este jueves para posibilitar el consenso, según ha podido saber Europa Press.

Este jueves se han retomado las negociaciones. Para que el PSPV abandone la idea de una vicealcaldía, Compromís ofrece a Gómez un área de gobierno importante que a día de hoy lidera el equipo de Ribó. Esta jornada y la del viernes se prevén ‘clave’ para intentar acercar posturas en busca del acuerdo de gobierno.

El acuerdo debe estar cerrado en breve, dado que el próximo miércoles, 17 de julio, se celebrará en el Ayuntamiento el pleno de organización en el que debe aprobarse la composición de la corporación local para la nueva legislatura, con el visto bueno sobre cuestiones como el número de áreas de gobierno, la distribución de estas entre los ediles que lo integren, las comisiones informativas y su composición y el número y nombramiento de asesores.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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