El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.