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La operación en la que se ha detenido a Corbín investiga comisiones ilegales en más de diez contratos municipales

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – La operación ‘Azud’, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del Ayuntamiento de esta ciudad durante el mandato del Partido Popular.

En este operativo, que se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de València, hay dos personas detenidas –José María Corbín y otro abogado– y más de una decena de investigados por delitos contra la administración pública, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Las mismas fuentes prevén que este jueves pasen a disposición judicial los arrestados, ya que durante la jornada de hoy continúan los registros iniciados ayer en domicilios y el despachos como el de Corbín y este miércoles se practicarán en la residencia de verano familiar en Jávea (Alicante).

En concreto, la operación Azud, que trascendió ayer auque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá.

CENTRAL OPERATIVA DE SANEAMIENTO

Por ello, se ha requerido al consistorio información sobre diversas contrataciones. Entre la documentación recopilada por los agentes, figuran facturas en la Central Operativa de Saneamiento (COS) de València.

Así, efectivos de la UCO estuvieron este martes hasta las 21.30 horas en las dependencias de saneamientos para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a este departamento.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de València han reiterado que las actuaciones llevados a cabo la pasada jornada por la UCO de la Guardia Civil en diferentes puntos de la ciudad no se realizaron en Aumsa, empresa municipal dependiente de la Concejalía de Urbanismo.

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El PSOE impulsará una ley contra la prostitución que sancione a los clientes

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Valencia, 16 oct (EFE).- El PSOE impulsará la aprobación en esta legislatura de una ley integral para abolir la prostitución, que incluirá medidas para sancionar a los clientes.

Este compromiso ha sido incluido en el debate de las enmiendas a la ponencia marco presentada con motivo del 40 Congreso Federal del PSOE.

En concreto, fuentes socialistas han informado de que la comisión del Congreso socialista encargada de debatir la parte de la ponencia relativa al feminismo ha aceptado la enmienda presentada en relación con la prostitución por la delegación de la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con ella, el PSOE se compromete a presentar en esta legislatura «una ley integral para la abolición de la prostitución que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo».

Esta enmienda se ha añadido al texto que ya incluía la ponencia que había llegado al Congreso socialista y que señalaba que el PSOE, como partido abolicionista, debe ser el impulsor del necesario consenso político y social que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.

«Abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado», añade.

De la misma forma, el texto abogaba por «poner el foco en quienes acuden a la prostitución para acabar con la mayor expresión de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo».

Por tanto, con la enmienda valenciana se ha ido más allá de lo que reflejaba la ponencia y se incluye el compromiso concreto de sancionar a los clientes de los prostíbulos.

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