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La patronal exige vacunar al personal de los supermercados para no subir los contagios

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Madrid, 27 abr (EFE).- La patronal del sector de supermercados Asedas ha urgido a las autoridades a vacunar al personal que trabaja en el comercio de alimentación para evitar cualquier riesgo de que aumente la tasa de contagios en sus plantillas, y seguir garantizando así el abastecimiento de comida a la población.

El mensaje ha sido trasladado este martes a los grupos parlamentarios por el director general de la entidad (que agrupa a las cadenas Mercadona y DIA, las centrales de compra IFA y Euromadi, así como a enseñas regionales), Ignacio García Magarzo, quien ha intervenido ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados.

«Aunque la información es confidencial, puedo confirmar que durante toda la pandemia los niveles de contagio en nuestros trabajadores se situó muy por debajo de la media de los ciudadanos, porque se tomaron muy en serio las medidas de protección desde un primer momento», ha argumentado el dirigente patronal.

En su opinión, es necesario inmunizar cuanto antes a las plantillas para «evitar que puedan producirse situaciones extrañas», como que los empleados de las tiendas reciban a personas ya vacunadas que tengan «menos cuidado» con el uso de las medidas de seguridad adoptadas.

García Magarzo ha colocado esta cuestión como prioridad número uno para el sector, y ha recordado que sería «lo justo» después del ejemplo de «compromiso» exhibido durante los primeros compases de la pandemia.

De hecho, ha recordado que el carácter «esencial» del personal de los supermercados se mantiene todavía hoy, a lo que se suma que su trabajo exige de presencialidad.

«Gracias a que fueron de los primeros en tener mascarillas y en guardar las distancias de seguridad, no han sido un grupo de riesgo. Pero van a tener que seguir estando ahí, entre otras cosas para que las autoridades sanitarias puedan seguir tomando decisiones como los confinamientos perimetrales», ha ejemplificado.

En este sentido, ha destacado que la gran capilaridad de la red española de supermercados ha permitido adoptar cierres en pequeños municipios, zonas rurales o incluso entre distritos al garantizar la existencia de tiendas donde suministrar de alimentos a la población.

«Para que nosotros podamos quedarnos en casa -en alusión a los primeros meses de confinamiento generalizado-, ellos tienen que seguir trabajando. Por eso tienen que vacunarse ya, es lo coherente», ha insistido.

García Magarzo ha señalado que el sector emplea a cerca de un millón de personas, a las que en su opinión habría que sumar a cerca de otro millón que trabaja en el resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria y el gran consumo y que también necesitan ser vacunadas.

«Son muchos, pero los sectores implicados estamos dispuestos a poner medios para facilitar y agilizar esa vacunación. Existen posibilidades reales de hacerlo muy rápidamente», ha asegurado.

Ante los diputados, el responsable de Asedas ha advertido de que el sector se encuentra «peor» que hace diez meses en materia de restricciones, ya que las comunidades autónomas han tomado decisiones variopintas en movilidad, aforos y horarios que «no han estado bien justificadas» y generan costes añadidos a las empresas.

Durante su intervención, ha instado a recuperar la «normalidad normativa» tras registrar sólo en los primeros meses de 2021 más de 800 nuevas disposiciones legales (a escala local, autonómica, nacional o europea) que afectan al sector.

Al Gobierno ha reclamado «no incrementar la presión fiscal ni sobre los consumidores ni sobre las empresas», y le ha pedido descartar «la imposición de una reforma laboral que no sea fruto del diálogo social».

También le ha instado a trabajar para hacer que se pueda aplicar la legislación dirigida a castigar el hurto «multirreincidente» por parte de bandas organizadas, y ha abogado por luchar contra el absentismo laboral.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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