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La plataforma de Baltasar Garzón y Llamazares se registra como partido

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Actúa, la plataforma formada, entre otros, por el juez Baltasar Garzón y el exlíder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se ha inscrito como partido en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Así lo ha revelado este martes el portal eldiario.es. No obstante, los promotores revelan un carácter ‘preventivo’ y de protección de marca de dicha acción, aunque en el fondo marca el pistoletazo de salida de una nueva candidatura de izquierda, que podría buscar unir en un mismo grupo a los descontentos de IU en su alianza con Podemos, exlíderes de la formación como la histórica abogada Cristina Almeida, muy activa también en Izquierda Unida, además de la figura de Garzón, que ya acompañó en una aventura política a Felipe González, y que ahora podría volver a la política de mano de un nuevo partido.

Los promotores de la plataforma han registrado no sólo el nombre de la plataforma, sino también la web y todo lo relacionado a la misma. Una manera de proteger el nombre de la plataforma pero también un adelanto por si, de forma definitiva, quisieran dar el salto a la escena política como partido, aunque ante tendrán que resolverse otros asuntos, como la pertenencia, por ejemplo, de Gaspar Llamazares a Izquierda Unida, aunque a través de una corriente Izquierda Abierta, de la forma como el político asturiano está adscrito en IU. El objetivo de esta plataforma no es otro que promover acciones que permitan «sacar a Rajoy de la Moncloa», un objetivo que se plantean todas las fuerzas españolas de la izquierda aunque desde diferentes puntos de vistas y estrategias. Actúa pude hacer de visagra o hilo transmisor de esta idea de «cambio» que fue la que la originó.

Gira y participación en las Europeas’19
El objetivo, según parece, sería la participación en las próximas elecciones europeas de 2019. Pero antes, una especie de beta, ya que a partir de septiembre se pretende realizar una gira por distintas comunidades autónomas para dar a conocer el proyecto, avalado por un buen número de profesionales de reconocido prestigio en la sociedad civil, como es el caso del que fuera director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, entre otros muchos representantes de la Justicia, la política, la Universidad, etc. Todos ellos firmaron un manifiesto ‘Por una politica del Cambio’, punto de partida de ‘Actúa’ y de lo que puede ser este nuevo actor político en el panorama español.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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