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La Policía desmantela un bingo ilegal en Benidorm

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ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Policía de la Generalitat ha desmantelado un bingo ilegal que presuntamente organizaba partidas en establecimientos de hostelería de Benidorm (Alicante), con la participación de más de un centenar de personas, la mayoría extranjeras.

Del resultado de la operación, efectuada el pasado día 15 de marzo, se identificó a los cuatro trabajadores del establecimiento y se intervinieron 1.447 euros, dinero procedente de la partida en juego y otras anteriores del mismo día; cuatro micrófonos, dos máquinas de bingo electrónicos, dos máquinas para aparatos inalámbricos, 5.000 cartones de bingo, una libreta con contabilidad de dinero recaudado y material de oficina, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los agentes de la Policía de la Generalitat levantaron actas de juego por infracciones administrativas a la ley de Espectáculos y Hacienda por la tenencia de 21.000 euros en una caja fuerte. El local inspeccionado es uno de los establecimientos de Benidorm regentado y atendido por ciudadanos británicos, y cuya clientela «responde en su mayoría a turistas y residentes de procedencia anglosajona que realizan actividades de juego ilegal», según la misma fuente.

Para la incoación de expediente administrativo sancionador, se puso en conocimiento de la operación a la Dirección General del Juego de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, a la Delegación de Hacienda y a la de Trabajo y Seguridad Social de los respectivos ministerios.

Estos negocios han sido ya inspeccionados por agentes de la Policía autonómica «en varias ocasiones», en todas ellas, con la incautación de dinero y efectos procedentes del juego ilegal.

El juego es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana y su actividad está sujeta a autorización administrativa. Su realización requiere lugares habilitados, según se recoge en el artículo 23 de la Ley 4/88, un documento legal que regula el juego en la Comunitat Valenciana como falta muy grave. El control e inspección corresponde a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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