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La Policía desmantela un bingo ilegal en Benidorm

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ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Policía de la Generalitat ha desmantelado un bingo ilegal que presuntamente organizaba partidas en establecimientos de hostelería de Benidorm (Alicante), con la participación de más de un centenar de personas, la mayoría extranjeras.

Del resultado de la operación, efectuada el pasado día 15 de marzo, se identificó a los cuatro trabajadores del establecimiento y se intervinieron 1.447 euros, dinero procedente de la partida en juego y otras anteriores del mismo día; cuatro micrófonos, dos máquinas de bingo electrónicos, dos máquinas para aparatos inalámbricos, 5.000 cartones de bingo, una libreta con contabilidad de dinero recaudado y material de oficina, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los agentes de la Policía de la Generalitat levantaron actas de juego por infracciones administrativas a la ley de Espectáculos y Hacienda por la tenencia de 21.000 euros en una caja fuerte. El local inspeccionado es uno de los establecimientos de Benidorm regentado y atendido por ciudadanos británicos, y cuya clientela «responde en su mayoría a turistas y residentes de procedencia anglosajona que realizan actividades de juego ilegal», según la misma fuente.

Para la incoación de expediente administrativo sancionador, se puso en conocimiento de la operación a la Dirección General del Juego de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, a la Delegación de Hacienda y a la de Trabajo y Seguridad Social de los respectivos ministerios.

Estos negocios han sido ya inspeccionados por agentes de la Policía autonómica «en varias ocasiones», en todas ellas, con la incautación de dinero y efectos procedentes del juego ilegal.

El juego es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana y su actividad está sujeta a autorización administrativa. Su realización requiere lugares habilitados, según se recoge en el artículo 23 de la Ley 4/88, un documento legal que regula el juego en la Comunitat Valenciana como falta muy grave. El control e inspección corresponde a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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