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La Policía desmantela un bingo ilegal en Benidorm

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ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Policía de la Generalitat ha desmantelado un bingo ilegal que presuntamente organizaba partidas en establecimientos de hostelería de Benidorm (Alicante), con la participación de más de un centenar de personas, la mayoría extranjeras.

Del resultado de la operación, efectuada el pasado día 15 de marzo, se identificó a los cuatro trabajadores del establecimiento y se intervinieron 1.447 euros, dinero procedente de la partida en juego y otras anteriores del mismo día; cuatro micrófonos, dos máquinas de bingo electrónicos, dos máquinas para aparatos inalámbricos, 5.000 cartones de bingo, una libreta con contabilidad de dinero recaudado y material de oficina, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los agentes de la Policía de la Generalitat levantaron actas de juego por infracciones administrativas a la ley de Espectáculos y Hacienda por la tenencia de 21.000 euros en una caja fuerte. El local inspeccionado es uno de los establecimientos de Benidorm regentado y atendido por ciudadanos británicos, y cuya clientela «responde en su mayoría a turistas y residentes de procedencia anglosajona que realizan actividades de juego ilegal», según la misma fuente.

Para la incoación de expediente administrativo sancionador, se puso en conocimiento de la operación a la Dirección General del Juego de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, a la Delegación de Hacienda y a la de Trabajo y Seguridad Social de los respectivos ministerios.

Estos negocios han sido ya inspeccionados por agentes de la Policía autonómica «en varias ocasiones», en todas ellas, con la incautación de dinero y efectos procedentes del juego ilegal.

El juego es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana y su actividad está sujeta a autorización administrativa. Su realización requiere lugares habilitados, según se recoge en el artículo 23 de la Ley 4/88, un documento legal que regula el juego en la Comunitat Valenciana como falta muy grave. El control e inspección corresponde a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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