El juez Hurtado concluye la instrucción y apunta a un “intercambio frenético” de mensajes entre fiscales para “ganar el relato”

Madrid, 9 de junio de 2025 – El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos al haber filtrado información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La actuación habría estado motivada, según el auto, por “indicaciones de Presidencia del Gobierno”, con el objetivo de controlar el relato mediático sobre un posible pacto judicial.

Finaliza la instrucción y se abre la puerta al juicio oral

El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso, ha dado por concluida la fase de instrucción, transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a un juicio. En su auto, de 51 páginas, Hurtado destaca un “frenético intercambio de mensajes” entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, como reacción a una información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024.

Según el juez, ese intercambio de mensajes pretendía demostrar que el pacto con el novio de Ayuso partía de su defensa y no de la Fiscalía. Para ello, García Ortiz habría revelado contenido confidencial de un correo remitido por el abogado de González Amador, en el que proponía una conformidad penal.

Filtración a medios y uso de canales personales

El auto señala que el contenido del correo fue facilitado a medios de comunicación —en concreto, a la Cadena SER— desde una cuenta de correo personal del fiscal general, no desde su cuenta oficial. El mensaje, titulado “Propuesta de conformidad penal”, contenía detalles personales del imputado y reconocía la comisión de dos delitos fiscales, así como la voluntad de resarcir a la Agencia Tributaria.

La información fue difundida en Hora 25 a las 23:25 horas del mismo día y publicada en la web de la emisora poco después. Posteriormente, se difundió un comunicado oficial desde la Fiscalía Provincial de Madrid, elaborado por García Ortiz y aprobado por Rodríguez, que incluía extractos de ese correo.

La UCO detecta vacíos en el móvil del fiscal general

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en su investigación que el teléfono móvil del fiscal general no conserva mensajes correspondientes a los días en los que se produjo la presunta filtración, lo que añade sombras al proceso y abre la puerta a posibles pesquisas sobre destrucción de pruebas o manipulación de datos.

Vox, aceptado como acusación popular

El Tribunal Supremo ha aceptado también la personación del partido Vox como acusación popular, reforzando el impacto político del caso en la recta final de la instrucción. El auto da ahora un plazo de 10 días para que las partes soliciten la apertura del juicio oral o el archivo del caso.

Contexto político y jurídico del caso

Este procedimiento judicial adquiere una relevancia institucional sin precedentes, ya que involucra al más alto representante del Ministerio Público. La revelación de secretos a medios de comunicación, especialmente si está motivada por intereses políticos, podría tener consecuencias penales y provocar una grave crisis de confianza en la Fiscalía General del Estado.

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