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La UCO desvela un entramado entre Zaplana y un testaferro en Uruguay

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VALÈNCIA, 13 Feb. – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en un informe al Juzgado de Instrucción número 8 de València sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano –3,5 millones–, pero apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo, a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros.

Uno de ellos, Fernando Belhot, participó junto con el expresidente valenciano y el de la Comunidad de Madrid Ignacio González, –investigado en el caso Lezo– en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar. Belhot también está relacionado con estructuras de blanqueo de capitales de un caso de corrupción política en Sudamérica, el caso ‘Ciccone’.

Así consta en un informe de fecha 16 de febrero de 2018 de la UCO que explica, en primer lugar, la «operativa de compraventa de participaciones» entre empresas radicadas en Luxemburgo y España a través de la cual «se podría haber efectuado de forma velada el pago de comisiones relacionadas con las adjudicaciones de servicio de ITV y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana». En síntesis, el grupo Sedesa –vinculado a la familia Cotino–, habría comprado participaciones a las mercantiles Imison Internacional y Fenix Investments, ambas radicadas en Luxemburgo.

Para justificar la salida de fondos con destino a una sociedad «con cierto perfil ‘offshore'», se compraba primero participaciones de una mercantil establecida en València, Inversiones Imison, vinculada igualmente a Sedesa y la familia Cotino. «Resulta que se compran las mismas participaciones que cuatro años antes había vendido la propia Sedesa a Imison Internacional, pero abonándose por ellas una cuantía extraordinaria», señala.

Según la Guardia Civil, la sociedad luxemburguesa se utilizó como «vehículo corporativo» para «canalizar fondos que presuntamente tuvieron por objeto el pago de comisiones pactadas con ocasión de determinadas adjudicaciones públicas». En total, los investigadores señalan que entre los años 2005 y 2006 el grupo Sedesa transfirió 6,4 millones a la sociedad Imison Internacional. La misma operativa se siguió, supuestamente, con las comisiones ilícitas que fueron a parar a manos del que fuera director de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Los investigadores indican en el informe que García estaba relacionado con una serie de entradas de divisas en territorio nacional en 2012 y 2013, procedentes de la sociedad Luxemburguesa Fenix Investments SA por 2.239.107 euros y, vinculadas con estas entradas de divisas, aparece una declaración tributaria especial, por lo que «parece ser que esta persona se acogió a la amnistía fiscal que se desarrolló en España durante el año 2012».

«NO SE HA DETECTADO RETORNO»

En relación al resto del dinero expatriado a Luxemburgo y que se acumulaba en la sociedad Imison Internacional, de la que detrás estaría el expresidente Zaplana, la UCO asegura que «no se han detectado por el momento operaciones de retorno e integración en bienes del territorio nacional» y cifra esta cantidad en 3,5 millones de euros.

Cabe la posibilidad, destaca el informe, «de que el resto de fondos investigados hubiesen tenido el mismo destino y hubiesen pasado a la esfera de estas dos nuevas sociedades –radicadas en Uruguay– Disfey SA y Misnely SA», constituidas en noviembre de 2009 y que declaraban poseer un porcentaje paritario de la española Medlevante, cuyo administrador único era el ex alto cargo de Zaplana y presunto testaferro Joaquín Barceló, que a su vez hasta el momento había declarado poseer la luxemburguesa Imison Internacional.

Zaplana, Barceló y el exsecretario del consejo de administración de la CAM, Francisco Grau, quedaron la pasada semana en libertad después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora «minimiza» el riesgo de fuga.

Estas sociedades aparecen relacionadas a los uruguayos Juan Francisco Mutio Cerdeiras y Daniel García Belhot, y estos, a su vez, a Washington Fernando Belhot Fierro, del que se conocen relaciones con Eduardo Zaplana. Ambos figuran en un mismo vuelo procedente de Londres y comparten el negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar junto al expresidente madrileño Ignacio González.

La UCO subraya que el perfil profesional de Fernando Belhot «podría asemejarse al de Beatriz García Paesa, abogada de servicios de decomiso y estructuras societarias en Luxemburgo. «Indiciariamente cabe la posibilidad de que estas personas podrían obtener empresas pantalla opacas y trasladar fondos ocultos en favor de los investigados», añaden.

Además, Fernando Belhot, vinculado con la firma BGL Asesores Legales y Fiscales SRL, es poseedor de relaciones societarias en países como Uruguay, Brasil, Panamá, Honduras e Irak, mientras que Daniel García Belhot, al parecer asalariado y sobrino del anterior, en lugares como Uruguay, Panamá y Argentina. Asimismo, BGL habría actuado de intermediaria en una supuesta operación de blanqueo de capitales junto con el despacho Mossack Fonseca, conocida firma panameña relacionada con múltiples sociedades ‘offshore’, detallan los investigadores.

Fuente : Europa Press

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Una discoteca de Murcia del mismo propietario ardió en 2019

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discotecas incendiao Murcia
BOMBEROS MURCIA

Discotecas incendiadas en Murcia

En 2019 ardió una discoteca que pertenecía al mismo propietario de Murcia.

«Estuvo un tiempo en la cárcel acusado de varios delitos por su labores en una empresa de préstamos», explica el presentador de la mirada crítica.

‘La mirada crítica’ analiza cada paso que el propietario de las dos discotecas de Murcia ha realizado en su pasado. Juan Inglés es un empresario que ha estado en la cárcel, que tiene otro incendio de una discoteca de la que también era propietario a sus espaldas y al que se le han acusado varios delitos.

Una discoteca del mismo propietario salió ardiendo en 2019

El programa de Telecinco hace un análisis de los pasos que ha realizado Juan Inglés a lo largo de su vida. El último suceso a sus espaldas es el incendio generado en sus discotecas, La Fonda y Teatre, en el que han muerto un total de 13 personas y donde hay testigos que reconocen los los extintores no funcionaban.

Se ha descubierto como no es la primera vez que un incendio se cruza con Juan Inglés. Hace cuatro años, en 2019, a 50 kilómetros de Murcia, salió ardiendo una discoteca de la que él también era propietario, llamada Flamingoville. El presentador matiza más datos: «Hasta en dos ocasiones el ayuntamiento detectó que no tenía los permisos en regla…».

«Un dato importante, el fuego arrasó esa discoteca un lunes por la tarde, cuando ya no había nadie y dejando solo daños materiales», sentencia el presentador mirando a cámara. Sin embargo, su currículum no queda ahí, ya que «estuvo un tiempo en la cárcel acusado de varios delitos por su labores en una empresa de préstamos… fue absuelto y la empresa fue condenada». Por último, los delitos de los que se le acusó fueron «escrituras falsas, estafa y apropiación indebida».

Alfonso Egea empezó la mañana informando a los espectadores sobre el inicio de la tragedia en Murcia:

«Todo empieza porque hay una gran discoteca y entre dos particulares deciden dividir el espacio, con una primera consecuencia fatal para La Fonda: la reducción del tamaño de su salida de emergencia».

Tras esto, el periodista explica que la discoteca pasa a dividirse en dos locales, La Fonda y Teatre, separadas por un tabique de pladur, hecho de material cartón yeso, y encima ambos compartían la misma ventilación: «Esto provocó que humo pasara rápiamente de una discoteca a otra...».

Murcia (EFE).- La persona que todavía se encontraba desaparecida desde la madrugada de este domingo tras los incendios producidos en las discotecas de Atalayas, en Murcia, sobre las que pesaba una orden de cierre y que carecían de licencia, ha sido localizada esta tarde por sus familiares y se encuentra en buen estado, según ha informado el delegado del gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.

Las discotecas Teatre y Fonda Milagros en las que murieron, al menos, trece personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

Tras el hallazgo de la única persona que se encontraba en paradero desconocido, ya se encuentran todos los desaparecidos localizados, según ha afirmado Jiménez, quien ha explicado que han sido los familiares los que tras contactar con ella han dado parte a la Policía.

Según explicaba el delegado del gobierno esta mañana, ante la Policía Nacional se habían interpuesto 15 denuncias de personas desaparecidas por el trágico incendio en la discoteca de Murcia, de las que 13 han resultado estar fallecidas, una ha sido localizada en casa de unos amigos y faltaba otra por encontrar, que es la que ha aparecido esta tarde y se encuentra en buen estado de salud.

El fuego se inició alrededor de las seis de la mañana del domingo en la parte de arriba de la discoteca y restaurante Fonda Milagros y se extendió con rapidez a la contigua sala Teatre, al parecer, a través de los conductos del aire acondicionado.

Nombres comerciales distintos pero un solo local

El concejal socialista Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de urbanismo la pasada legislatura, y el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, del PP, han informado en una rueda de prensa conjunta que, administrativamente, ambas discotecas eran un solo local, Teatre S.L.

De hecho, como informó ayer EFE con fuentes de la Policía Nacional, la sala Fonda Milagros en la que se originó el fuego abrió en su día en una división de espacio de la discoteca Teatre, aunque operaban con nombres comerciales distintos y tenían, también, accesos al público independientes.

Según el concejal Antonio Navarro, a nivel administrativo, Teatre S.L. dispuso de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad el 18 de diciembre de 2008 para “discoteca con cocina”.

Ha añadido que, en junio de 2019, esta sociedad presentó una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros; que el 10 enero de 2022 se dictó una orden de cese de actividad por entender que la modificación del local requería de una nueva licencia, y que el 8 de marzo del mismo año se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación “no ha concluido a fecha de hoy”.

Funcionamiento de los locales sin autorización

Según ha matizado el exresponsable municipal de urbanismo, es en esa fecha, el 8 de marzo de 2022 cuando quedaron resueltos los recursos que la empresa había presentado para evitar que el local fuera cerrado.

En octubre de 2022, el Ayuntamiento requirió a los servicios de inspección municipales para que comprobasen el cese de la actividad de la sala y, a partir de ese momento, el Consistorio no ha vuelto a recibir “ningún expediente, oficio administrativo” o denuncia que pusiera de manifiesto “el incumplimiento de orden de cierre” por parte de la sala.

La inspección, han asegurado, sí visitó la sala y emitió un acta en el mes de octubre de 2022 y, desde esa fecha, el Ayuntamiento no había vuelto a tener ningún conocimiento de la actividad de los negocios.

“Estos locales han funcionado sin autorización desde la orden de cese”, ha insistido el concejal del PP, que ha recordado además que “La Fonda Milagros no ha existido administrativamente como tal”, sino que, a nivel de autorizaciones, solo se ha tramitado la cursada por Teatre y, en ningún caso hubo empresas autorizadas a funcionar con la separación de nombres.

Su antecesor, por su parte, ha informado de que en enero de 2022 se decretó el cese porque la documentación presentada no se había correspondido con la actividad, y ha insistido en que “hay un hecho fundamental” y es que “el único responsable es la empresa, que a pesar de las comunicaciones efectuadas para cerrar los locales hizo caso omiso”.

El actual titular de Urbanismo ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto personarse como “acusación particular” en el procedimiento judicial que se va a abrir sobre este caso, con el objetivo de “depurar todas las responsabilidad de cualquier tipo”.

Nacionalidades de los fallecidos

Hasta el momento, según se ha podido saber, los fallecidos eran de nacionalidad colombiana, nicaraguense, ecuatoriana y española con doble nacionalidad ecuatoriana, ha dicho el delegado del gobierno en Murcia, quien ha pedido paciencia para que los especialistas puedan trabajar en la identificación de los cuerpos y en las causas del incendio.

“Entendemos el nerviosismo de las familias pero los forenses tienen que hacer su trabajo”, ha afirmado Jiménez, quien ha añadido que esta mañana se han iniciado las autopsias a las 8.30 horas y que éstas pueden durar más de una semana.

Tras las trabajos de desescombro y enfriamiento del lugar, es posible que la policía judicial y científica pueda empezar a trabajar a los largo del día, ha indicado el delegado, quien ha felicitado a los bomberos, y a la policía local y nacional por su trabajo.

Emoción por las muestras de cariño

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, se ha mostrado emocionado por las muestras de cariño procedentes de todas partes del mundo ante lo ocurrido este fin de semana, entre ellas la del rey Felipe VI, y ha agradecido que, desde la Federación de Municipios y Provincias de España, se hayan convocado minutos de silencio en más de 8.000 ayuntamientos del país.

En este sentido también se ha manifestado el presidente regional, Fernando López Miras, quien ha agradecido las condolencias recibidas desde todos los rincones del mundo, ha valorado el trabajo realizado por el alcalde y su equipo de gobierno, y ha afirmado que el Ejecutivo autonómico está centrado en las familias y los amigos de las víctimas, que están pasando por una dolorosa situación.

En el ayuntamiento de Murcia se han concentrado esta mañana, además del alcalde y la corporación municipal, los miembros del gobierno regional, el delegado del gobierno en Murcia, el jefe de la Policía, diputados nacionales, y miembros de Cruz Roja, Protección Civil y Emergencias, así como decenas de ciudadanos que han querido mostrar su apoyo a las familias de los 13 fallecidos en el incendio de la discoteca de Atalayas.

Decretan secreta la investigación y comienzan las autopsias

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, ha decretado el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio, mientras los forenses han empezado en la mañana de este lunes las autopsias para la identificación de los cadáveres.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, la entrega de cadáveres a familiares o personas allegadas se realizará cuando lo autorice la autoridad judicial competente, una vez se reciba el informe preliminar de autopsia en el juzgado y los cadáveres estén plenamente identificados.

Cuatro equipos médico-forenses han comenzado, de forma coordinada, las autopsias para la identificación de los restos mortales tras el traslado de los cadáveres a la sede del instituto de medicina legal.

Hasta el momento, de los trece cuerpos recuperados, en cuatro casos se han podido cotejar huellas dactilares, aunque, según explica el director del anatómico, Juan Pedro Hernández del Rincón, también se han obtenido muestras para realizar el análisis de ADN, al igual que en los nueve casos restantes, para su remisión al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

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