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Las barbaridades de Paco Camps contra Ximo Puig y Mónica Oltra

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El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha considerado que está sufriendo una «persecución política» por parte de la Abogacía de la Generalitat en la causa en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares en la construcción del circuito de F1 de València.

En su opinión, la Abogacía está dirigida por la «pareja del frenesí», en referencia al actual jefe del Consell, Ximo Puig, a quien ha definido como «el flequillo cambiante», y la vicepresidenta, Mónica Oltra, de quien ha dicho que es «la mujer de las camisetas».

Camps se ha pronunciado así a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido para declarar como investigado ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad.

El expresidente se ha referido de este modo al escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– que en la tarde de este pasado martes presentó la Abogacía de la Generalitat en la causa del circuito de la F1 contra él mismo y otros ex altos cargos del Consell y empresarios y que se encuentra pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido. Para la Abogacía, existen indicios de delito de prevaricación y malversación en la actuación de Camps.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita. Además, exponía que el informe emitido por la Intervención de la Generalitat señalaba que este órgano no dispone de «criterio técnico» para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados «sean adecuados al mercado en el momento en que se licitaron».

«MUY ENFADADO»
A su llegada a los juzgados, Camps ha dicho estar «muy enfadado con la pareja del frenesí» porque «no es justo ni serio que el hombre del flequillo cambiante y la mujer de las camisetas utilicen a la Abogacía de la Generalitat contra quienes fuimos presidentes del Gobierno valenciano».

Ha sostenido que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido «no acusarle» que en la pieza de la F1 relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 a través de Valmor y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

En diciembre del pasado año, Fiscalía pidió en junio de 2018 el procesamiento de Camps por prevaricación y malversación de caudales públicos en esta pieza mientras que pidió el sobreseimiento para los otros cuatro investigados. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 decidió el archivo de estas actuaciones tal y como había pedido la defensa del ‘expresident’.

Sobre la pieza relativa a la construcción del circuito, ha defendido que Anticorrupción dice «claramente» que «no hay ningún tipo de atisbo de infracción de ninguna característica». Además, considera que durante su presidencia, la Abogacía «era independiente» y «ahora depende de un director general que depende directamente de Puig». «Es una vergüenza, un escándalo y un escarnio para todos los valencianos que estén utilizando la parejita a la Abogacía de la Generalitat», ha enfatizado.

Ha lamentado que cuando fue absuelto en la causa de los trajes, «Puig recurrió personalmente aquella sentencia del pueblo valenciano en el jurado popular del TSJCV al Supremo». «Ahora, como es presidente de la Generalitat, ya no se gasta el dinero en abogados, utiliza los abogados de todos los valencianos», ha criticado.

El exjefe del Consell ha argumentado que Fiscalía «basa su escrito no solo en cuestiones de la propia visión jurídica del fiscal sino en el informe que ha hecho el interventor de la Generalitat, pedido por el propio abogado de la Generalitat» y ha denunciado que «cuando ven que se les acaba el tiempo, en el último minuto, como los malos perdedores, rápidamente buscan un tiempo más de descuento».

«PUIG TENDRÍA QUE PEDIR PERDÓN»
Inquirido por qué pruebas tiene para asegurar que sufre esa supuesta «persecución política», ha respondido «que el abogado de la Generalitat no está haciendo caso a la Intervención» y «la costumbre». «Puig tiene la costumbre siempre de recurrir mis absoluciones y mis archivos», ha dicho. «Lo que tendría que hacer hoy mismo Puig es pedir perdón a los valencianos porque no puede utilizar a un órgano independiente para su propio beneficio», ha dicho.

Ya tras prestar declaración, Camps ha continuado con sus críticas al actual Consell: «Veo lo que hicimos en aquella época y la catástrofe de estos cuatro años de gobiernos socialcatalanistas que no han hecho absolutamente nada».

VISITA DEL PAPA
Sobre su comparecencia, ha explicado que «hay un debate sobre la naturaleza jurídica, privada o pública», de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias y que le ha mostrado al juez su declaración de actividades del momento en el que dejó el cargo de presidente, en la que aparecen los organismos públicos y las fundaciones a las que pertenecía –ha mantenido– «de manera automática por ser presidente de la Generalitat».

También ha entregado dos informes: de la Dirección General de Coordinación de la Conselleria de Industria y de la Dirección General de Justicia de abril de 2011. En el caso de las fundaciones, ha apuntado, «era presidente de honor de unas 25, entre otras de la del Valencia CF».

Sobre la fundación, ha indicado que «aparece como organismo no público» en el primer caso y como privada en el segundo. «El conocimiento que la administración pública tenía, al menos, en el mes de abril y mayo de 2011, es que esta fundación era privada», ha subrayado.

«Yo era el presidente de honor. No había ninguna irregularidad ni ningún interventor puso en cuestión la gestión de la misma», ha destacado el exjefe del Consell, que ha asegurado que de los contratos «se encargaba el patronato». Preguntado por las deudas que habría perdonado la Generalitat a la fundación, ha contestado: «Esa cuestión no sé si es así de exacta o no. Eso le correspondería decirlo a quien en todo caso lo hubiese hecho».

PROCESAMIENTO EN LA AN
En cuanto a su procesamiento dictado en un auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, Camps ha criticado que la resolución «no tiene ni pies ni cabeza»: «No hay un solo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte y la directora general dijo que no había hablado nunca conmigo», ha apuntado.

Ha recordado que De la Mata fue director general del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero: «Si fuera con (Felipe) González, pero con Zapatero hay que ser un tío muy de la causa de la izquierda», ha censurado. Asimismo, ha confirmado que presentará recurso de reforma ante esta decisión.

«ESTOY ABSUELTO MORALMENTE»
Ante la cuestión de si cree que acabará siendo absuelto de las causas en las que se encuentra investigado o procesado, Camps ha dicho que esa es su «ilusión» y ha añadido: «Absuelto estoy desde el momento en el que no ha pasado nada de lo que se dice. Absuelto moralmente estoy, vamos a ver si también judicialmente». Asimismo, se ha dirigido a una periodista, con la que posteriormente se ha disculpado, para decirle que «mediáticamente» sabe que no será absuelto por ella ni por su medio.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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