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Las bases de Podemos aprueban la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero

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Las bases de Podemos respaldan la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de la secretaría general y de la portavocía de la formación en el Congreso con un 68,42% de votos a favor y una participación récord, en un proceso interno de 188.176 votos.

La consulta a los inscritos de la formación morada sobre la «credibilidad» de Iglesias y Montero fue promovida por ellos mismos tras publicarse en los medios las fotos y los datos de la vivienda que ambos han comprado en la localidad madrileña de Galapagar. La participación era una de las claves de la consulta, porque Iglesias había redoblado su apuesta al anunciar que una baja participación les obligaría a dimitir.

El Secretario de Organización de Podemos destacaba en Facebook que «cuando la gente de Podemos habla, los dirigentes nos callamos, obedecemos y nos ponemos a trabajar». De esta forma, trata de cerrar las críticas internas lanzadas por algunos miembros del partido como ‘Kichi’, alcalde de Cádiz.

La votación –que se abrió el martes y terminaba este domingo– buscaba dirimir la polémica que afecta al partido y a sus dos principales dirigentes, tras la decisión de la pareja de comprarse una casa por más de 600.000 euros, que ha desatado las críticas internas, sobre todo en el sector anticapitalista.

La consulta ha sido la más participativa hasta la fecha en Podemos, superando en 33.000 personas a la de Vistalegre II, cuando Iglesias revalidó la Secretaría General. En esa ocasión, el líder del partido obtuvo un 89% (128.700 votos), frente al 68% (128.300 votos) que han avalado la continuidad de ambos dirigentes.

La pregunta que los inscritos debían responder era la siguiente: «¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?». Y las respuestas, «Sí, deben seguir», o bien, «No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados».

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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