Madrid, 5 may (EFE).- Las comunidades aguardan expectantes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde para conocer las posibles soluciones que pueda darles el Gobierno para controlar el virus sin el escudo del estado de alarma, y con las que terminarán de diseñar sus planes hacia la normalidad.

La última reunión del Ministerio de Sanidad y las autonomías en este estado de alarma, decretado el pasado 25 de octubre y que expirará el próximo domingo, estará marcada precisamente por las medidas que podrán tomar ahora para evitar que la relajación de las restricciones implique un aumento de contagios cuando el proceso de vacunación no está lo suficientemente avanzado.

El Gobierno ha mantenido desde el principio que no iba a prorrogar más esta situación porque las autonomías cuentan con «herramientas suficientes» para contener el virus sin necesidad de ello.

Sin embargo, varias son las que han mostrado sus reticencias por la indefensión jurídica en la que quedan sin el paraguas del estado de alarma, al tener que someter sus medidas al criterio de los jueces.

Para evitar que se repita la disparidad de resoluciones judiciales del verano pasado, el Ejecutivo aprobó ayer un real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir al Tribunal Supremo cuando sus medidas sean denegadas por los tribunales superiores de justicia.

De momento, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que el Ministerio de Sanidad informe esta tarde a las comunidades y en su caso esperará «a ver qué pasa» para tomar decisiones.

El presidente gallego entiende que la evolución epidemiológica de esta comunidad permite «ampliar horarios e ir dejando sin efecto el toque de queda», pero ha reiterado que será mañana cuando el comité clínico gallego se reúna para adoptar «medidas concretas» que entrarán en vigor «este mismo fin de semana».

Mientras, el Gobierno andaluz está ultimando su propia «transición hacia la normalidad», por lo que se están perfilando las «limitaciones o aperturas» que estarán vigentes desde este domingo, «en consenso» con los sectores sociales y económicos, pero no se aprobará nada hasta conocer qué posición mantiene y qué situaciones regula el Gobierno central en el Interterritorial.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es partidario de mantener medidas como el uso de la mascarilla y el toque de queda; por ello, va a pedir un «paraguas» constitucional que permita seguir teniendo un equilibrio prudente entre las restricciones y la apertura para no pasar «de cien a cero, o de cero a cien», sino hacer una desescalada ordenada.

Su consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha añadido que espera que en la reunión el Gobierno de España dé soluciones para que, sin el estado de alarma, las comunidades autónomas puedan tomar decisiones para frenar la expansión del coronavirus. Castilla-La Mancha solicitará criterios homogéneos para todo el país.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, es partidario de seguir con una «desescalada prudente y progresiva» para «llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda»; la Generalitat pedirá permiso al Tribunal Superior de Justicia para mantener un toque de queda pero más reducido, si bien las limitaciones se decidirán a finales de semana con las directrices del CISNS.

Además del escenario que se dibujará del 10 de mayo en adelante, la campaña de vacunación también estará sobre la mesa del Gobierno y las autonomías.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, insistirá en su solicitud de que la vacuna de AstraZeneca se administre a menores de 60 años, puesto que «nadie comprende por qué ahora mismo no se están utilizando» estas dosis.

Y Cataluña hará lo propio con su petición de ampliar el intervalo entre dosis de Pfizer hasta las 8 semanas aunque ya la Comisión de Salud Pública decidió que se mantendría en los 21 días que marca su ficha técnica.

Además, Sanidad y comunidades compartirán información sobre el certificado verde digital, el informe anual de violencia de género 2018-2019 y el sello de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud en las estrategias de salud sexual, salud reproductiva y actuaciones sanitarias frente a la violencia de género.