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Las comunidades, atentas al Interterritorial para cerrar su plan hacia normalidad

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Madrid, 5 may (EFE).- Las comunidades aguardan expectantes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde para conocer las posibles soluciones que pueda darles el Gobierno para controlar el virus sin el escudo del estado de alarma, y con las que terminarán de diseñar sus planes hacia la normalidad.

La última reunión del Ministerio de Sanidad y las autonomías en este estado de alarma, decretado el pasado 25 de octubre y que expirará el próximo domingo, estará marcada precisamente por las medidas que podrán tomar ahora para evitar que la relajación de las restricciones implique un aumento de contagios cuando el proceso de vacunación no está lo suficientemente avanzado.

El Gobierno ha mantenido desde el principio que no iba a prorrogar más esta situación porque las autonomías cuentan con «herramientas suficientes» para contener el virus sin necesidad de ello.

Sin embargo, varias son las que han mostrado sus reticencias por la indefensión jurídica en la que quedan sin el paraguas del estado de alarma, al tener que someter sus medidas al criterio de los jueces.

Para evitar que se repita la disparidad de resoluciones judiciales del verano pasado, el Ejecutivo aprobó ayer un real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir al Tribunal Supremo cuando sus medidas sean denegadas por los tribunales superiores de justicia.

De momento, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que el Ministerio de Sanidad informe esta tarde a las comunidades y en su caso esperará «a ver qué pasa» para tomar decisiones.

El presidente gallego entiende que la evolución epidemiológica de esta comunidad permite «ampliar horarios e ir dejando sin efecto el toque de queda», pero ha reiterado que será mañana cuando el comité clínico gallego se reúna para adoptar «medidas concretas» que entrarán en vigor «este mismo fin de semana».

Mientras, el Gobierno andaluz está ultimando su propia «transición hacia la normalidad», por lo que se están perfilando las «limitaciones o aperturas» que estarán vigentes desde este domingo, «en consenso» con los sectores sociales y económicos, pero no se aprobará nada hasta conocer qué posición mantiene y qué situaciones regula el Gobierno central en el Interterritorial.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es partidario de mantener medidas como el uso de la mascarilla y el toque de queda; por ello, va a pedir un «paraguas» constitucional que permita seguir teniendo un equilibrio prudente entre las restricciones y la apertura para no pasar «de cien a cero, o de cero a cien», sino hacer una desescalada ordenada.

Su consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha añadido que espera que en la reunión el Gobierno de España dé soluciones para que, sin el estado de alarma, las comunidades autónomas puedan tomar decisiones para frenar la expansión del coronavirus. Castilla-La Mancha solicitará criterios homogéneos para todo el país.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, es partidario de seguir con una «desescalada prudente y progresiva» para «llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda»; la Generalitat pedirá permiso al Tribunal Superior de Justicia para mantener un toque de queda pero más reducido, si bien las limitaciones se decidirán a finales de semana con las directrices del CISNS.

Además del escenario que se dibujará del 10 de mayo en adelante, la campaña de vacunación también estará sobre la mesa del Gobierno y las autonomías.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, insistirá en su solicitud de que la vacuna de AstraZeneca se administre a menores de 60 años, puesto que «nadie comprende por qué ahora mismo no se están utilizando» estas dosis.

Y Cataluña hará lo propio con su petición de ampliar el intervalo entre dosis de Pfizer hasta las 8 semanas aunque ya la Comisión de Salud Pública decidió que se mantendría en los 21 días que marca su ficha técnica.

Además, Sanidad y comunidades compartirán información sobre el certificado verde digital, el informe anual de violencia de género 2018-2019 y el sello de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud en las estrategias de salud sexual, salud reproductiva y actuaciones sanitarias frente a la violencia de género.

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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