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Las ITV valencianas pasarán a ser de gestión pública en 2023

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ITV bolsa trabajo

El servicio de ITV en la Comunidad Valenciana «pasará a ser de gestión directa de la Generalitat para mejorar su eficiencia, calidad y competitividad «. Así lo ha anunciado hoy el conseller de Economía, Rafa Climent, en rueda de prensa telemática. Según Climent, la gestión directa del servico permitirá obtener unos beneficios netos anuales de 39,3 millones de euros.

Por tanto, las siete empresas que tienen la concesión de las ITV en la Comunitat Valenciana hasta el 31 de diciembre de 2022 no verán renovada dicha concesión, ya que la Generalitat creará una sociedad mercantil integrada exclusivamente por capital público para la gestión directa del servicio.

El conseller ha adelantado que la actual red de ITV se ampliará con «10 nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta el estación de ITV más próxima inferior a 30 minutos». Entre 2024 y 2026 está prevista la construcción de esas nuevas estaciones en Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d’Uixó , San Juan de Alicante, Calpe, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert y Benlloch.

Climent ha explicado que su conselleria encargó una auditoría externa para valorar las distintas opciones cuando se llegara al final de la concesión. El informe, de 1.500 páginas, resalta que el sistema actual era poco rentable para la Generalitat: si se prorrogara la concesión administrativa actual, se ingresarían sólo 7,6 millones de euros, y si se hiciera una nueva concesión con un nuevo pliego, la administración obtendría 19,2 millones de euros.

Otra de las conclusiones más significativas del informe es que el servicio de inspección de ITV no tiene ningún riesgo, ya que se trata de un servicio obligatorio. Por ello se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales. 

Respecto a los trabajadores de las estaciones de ITV actuales, el informe dice que han de conservar su trabajo en la nueva mercantil pública sin ser considerados personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la anterior empresa.

La gestión directa en la prestación de los servicios de ITV constará de tres fases. La primera de ellas es la de preparación, que abarcará desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. En ella se realizarán acciones como un inventario de las estaciones, la construcción de una nueva estación de ITV de Torrent, conseguir la acreditación de ENAC para la nueva sociedad mercantil pública y analizar las tarifas del servicio actuales.

La segunda fase, en el año 2023, será la de consolidación. Se trabajará en asumir a las personas trabajadoras de las estaciones de ITV, la negociación de un nuevo convenio colectivo, el organigrama de la sociedad mercantil, la licitación de los servicios, la implementación del sistema de trabajo según la estación piloto de Torrent y la acreditación de ENAC en todas las estaciones de ITV de la Comunidad según el nuevo sistema.

Desde el año 2024 hasta el 2026 se desarrollará la fase de expansión con la construcción de nuevas estaciones de ITV y la contratación del nuevo personal necesario para la prestación de los servicios. Asimismo recoge su estructura en cuatro zonas para una mejor gestión, la reducción de la utilización de las ITV móviles, la adecuación y reducción de las tarifas y la formación del personal de inspección interna y externa.

 

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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