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Las ITV valencianas pasarán a ser de gestión pública en 2023

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ITV bolsa trabajo

El servicio de ITV en la Comunidad Valenciana «pasará a ser de gestión directa de la Generalitat para mejorar su eficiencia, calidad y competitividad «. Así lo ha anunciado hoy el conseller de Economía, Rafa Climent, en rueda de prensa telemática. Según Climent, la gestión directa del servico permitirá obtener unos beneficios netos anuales de 39,3 millones de euros.

Por tanto, las siete empresas que tienen la concesión de las ITV en la Comunitat Valenciana hasta el 31 de diciembre de 2022 no verán renovada dicha concesión, ya que la Generalitat creará una sociedad mercantil integrada exclusivamente por capital público para la gestión directa del servicio.

El conseller ha adelantado que la actual red de ITV se ampliará con «10 nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta el estación de ITV más próxima inferior a 30 minutos». Entre 2024 y 2026 está prevista la construcción de esas nuevas estaciones en Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d’Uixó , San Juan de Alicante, Calpe, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert y Benlloch.

Climent ha explicado que su conselleria encargó una auditoría externa para valorar las distintas opciones cuando se llegara al final de la concesión. El informe, de 1.500 páginas, resalta que el sistema actual era poco rentable para la Generalitat: si se prorrogara la concesión administrativa actual, se ingresarían sólo 7,6 millones de euros, y si se hiciera una nueva concesión con un nuevo pliego, la administración obtendría 19,2 millones de euros.

Otra de las conclusiones más significativas del informe es que el servicio de inspección de ITV no tiene ningún riesgo, ya que se trata de un servicio obligatorio. Por ello se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales. 

Respecto a los trabajadores de las estaciones de ITV actuales, el informe dice que han de conservar su trabajo en la nueva mercantil pública sin ser considerados personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la anterior empresa.

La gestión directa en la prestación de los servicios de ITV constará de tres fases. La primera de ellas es la de preparación, que abarcará desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. En ella se realizarán acciones como un inventario de las estaciones, la construcción de una nueva estación de ITV de Torrent, conseguir la acreditación de ENAC para la nueva sociedad mercantil pública y analizar las tarifas del servicio actuales.

La segunda fase, en el año 2023, será la de consolidación. Se trabajará en asumir a las personas trabajadoras de las estaciones de ITV, la negociación de un nuevo convenio colectivo, el organigrama de la sociedad mercantil, la licitación de los servicios, la implementación del sistema de trabajo según la estación piloto de Torrent y la acreditación de ENAC en todas las estaciones de ITV de la Comunidad según el nuevo sistema.

Desde el año 2024 hasta el 2026 se desarrollará la fase de expansión con la construcción de nuevas estaciones de ITV y la contratación del nuevo personal necesario para la prestación de los servicios. Asimismo recoge su estructura en cuatro zonas para una mejor gestión, la reducción de la utilización de las ITV móviles, la adecuación y reducción de las tarifas y la formación del personal de inspección interna y externa.

 

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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