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Las ITV valencianas pasarán a ser de gestión pública en 2023

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ITV bolsa trabajo

El servicio de ITV en la Comunidad Valenciana «pasará a ser de gestión directa de la Generalitat para mejorar su eficiencia, calidad y competitividad «. Así lo ha anunciado hoy el conseller de Economía, Rafa Climent, en rueda de prensa telemática. Según Climent, la gestión directa del servico permitirá obtener unos beneficios netos anuales de 39,3 millones de euros.

Por tanto, las siete empresas que tienen la concesión de las ITV en la Comunitat Valenciana hasta el 31 de diciembre de 2022 no verán renovada dicha concesión, ya que la Generalitat creará una sociedad mercantil integrada exclusivamente por capital público para la gestión directa del servicio.

El conseller ha adelantado que la actual red de ITV se ampliará con «10 nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta el estación de ITV más próxima inferior a 30 minutos». Entre 2024 y 2026 está prevista la construcción de esas nuevas estaciones en Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d’Uixó , San Juan de Alicante, Calpe, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert y Benlloch.

Climent ha explicado que su conselleria encargó una auditoría externa para valorar las distintas opciones cuando se llegara al final de la concesión. El informe, de 1.500 páginas, resalta que el sistema actual era poco rentable para la Generalitat: si se prorrogara la concesión administrativa actual, se ingresarían sólo 7,6 millones de euros, y si se hiciera una nueva concesión con un nuevo pliego, la administración obtendría 19,2 millones de euros.

Otra de las conclusiones más significativas del informe es que el servicio de inspección de ITV no tiene ningún riesgo, ya que se trata de un servicio obligatorio. Por ello se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales. 

Respecto a los trabajadores de las estaciones de ITV actuales, el informe dice que han de conservar su trabajo en la nueva mercantil pública sin ser considerados personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la anterior empresa.

La gestión directa en la prestación de los servicios de ITV constará de tres fases. La primera de ellas es la de preparación, que abarcará desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. En ella se realizarán acciones como un inventario de las estaciones, la construcción de una nueva estación de ITV de Torrent, conseguir la acreditación de ENAC para la nueva sociedad mercantil pública y analizar las tarifas del servicio actuales.

La segunda fase, en el año 2023, será la de consolidación. Se trabajará en asumir a las personas trabajadoras de las estaciones de ITV, la negociación de un nuevo convenio colectivo, el organigrama de la sociedad mercantil, la licitación de los servicios, la implementación del sistema de trabajo según la estación piloto de Torrent y la acreditación de ENAC en todas las estaciones de ITV de la Comunidad según el nuevo sistema.

Desde el año 2024 hasta el 2026 se desarrollará la fase de expansión con la construcción de nuevas estaciones de ITV y la contratación del nuevo personal necesario para la prestación de los servicios. Asimismo recoge su estructura en cuatro zonas para una mejor gestión, la reducción de la utilización de las ITV móviles, la adecuación y reducción de las tarifas y la formación del personal de inspección interna y externa.

 

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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