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Las ITV de la Comunitat volverán a manos públicas en 2023

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reservar cita de ITV Valencia

(EFE).- La Conselleria de Economía ha comunicado a las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no habrá prórroga del contrato, mientras continúa trabajando en la creación de una empresa que asumirá su gestión directa tras la reversión al sistema público de estas estaciones.

El contrato para la gestión de las ITV mediante una concesión administrativa finaliza a los 25 años de la concesión, es decir, a finales de 2022, puesto que la adjudicación se produjo en noviembre de 1997, y el pliego estableció que podían establecerse prórrogas de diez años comunicadas con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

El plazo de concesión finaliza el 5 de noviembre de 2022 y, un año antes de cumplirse el plazo de 25 años, la Conselleria de Economía como titular del servicio de ITV ha comunicado a las empresas que efectúa la denuncia del expediente contractual y que no existirá prórroga de la concesión, según informan fuentes de esta Conselleria.

Economía está trabajando en la creación de la empresa a la que revertirá el servicio de ITV y el acuerdo del Botánic II recoge que se hará «con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para los usuarios y una gestión transparente y eficiente».

El conseller Rafa Climent aseguró, hace casi un año, que la Generalitat espera ganar 39,2 millones de euros anuales con la gestión directa de las ITV tras su reversión al sistema público en 2023, un proceso en el que se comprometió a asumir a todos los empleados y a estudiar la rebaja de tarifas.

Según el Informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para esta reversión, prorrogar la concesión actual otros diez años es la opción «económicamente más desfavorable» para la Generalitat.

En noviembre de 1997 se adjudicaron los lotes números 1 a 5 y al mes siguiente las empresas ITV Vega Baja y Pistas Iteuve firmaron un contrato de adhesión al régimen concesional que suponía la extinción de la autorización administrativa de la que disponían y que fue concedida en su momento por el ministerio competente en la materia.

A partir de entonces, ambas empresas pasaron a ser titulares del contrato de los lotes 6 y 7 en los mismos términos que las adjudicatarias de los lotes 1 a 5.

Durante la vigencia del contrato, se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles.

Las empresas dejarán de prestar servicio el 31 de diciembre de 2022, y la gestión de las ITV pasará a ser directa por parte de la Generalitat.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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