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Las ITV de la Comunitat volverán a manos públicas en 2023

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(EFE).- La Conselleria de Economía ha comunicado a las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no habrá prórroga del contrato, mientras continúa trabajando en la creación de una empresa que asumirá su gestión directa tras la reversión al sistema público de estas estaciones.

El contrato para la gestión de las ITV mediante una concesión administrativa finaliza a los 25 años de la concesión, es decir, a finales de 2022, puesto que la adjudicación se produjo en noviembre de 1997, y el pliego estableció que podían establecerse prórrogas de diez años comunicadas con, al menos, un año de antelación del plazo inicial o de las sucesivas prórrogas.

El plazo de concesión finaliza el 5 de noviembre de 2022 y, un año antes de cumplirse el plazo de 25 años, la Conselleria de Economía como titular del servicio de ITV ha comunicado a las empresas que efectúa la denuncia del expediente contractual y que no existirá prórroga de la concesión, según informan fuentes de esta Conselleria.

Economía está trabajando en la creación de la empresa a la que revertirá el servicio de ITV y el acuerdo del Botánic II recoge que se hará «con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para los usuarios y una gestión transparente y eficiente».

El conseller Rafa Climent aseguró, hace casi un año, que la Generalitat espera ganar 39,2 millones de euros anuales con la gestión directa de las ITV tras su reversión al sistema público en 2023, un proceso en el que se comprometió a asumir a todos los empleados y a estudiar la rebaja de tarifas.

Según el Informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para esta reversión, prorrogar la concesión actual otros diez años es la opción «económicamente más desfavorable» para la Generalitat.

En noviembre de 1997 se adjudicaron los lotes números 1 a 5 y al mes siguiente las empresas ITV Vega Baja y Pistas Iteuve firmaron un contrato de adhesión al régimen concesional que suponía la extinción de la autorización administrativa de la que disponían y que fue concedida en su momento por el ministerio competente en la materia.

A partir de entonces, ambas empresas pasaron a ser titulares del contrato de los lotes 6 y 7 en los mismos términos que las adjudicatarias de los lotes 1 a 5.

Durante la vigencia del contrato, se ha autorizado la subrogación de determinados lotes a diversas mercantiles.

Las empresas dejarán de prestar servicio el 31 de diciembre de 2022, y la gestión de las ITV pasará a ser directa por parte de la Generalitat.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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