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Las mujeres son un 8% de los gestores y directivos de cooperativas agroalimentarias valencianas, el doble de la media

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VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) – Un total de 208 mujeres formaban parte en 2016 de los consejos rectores de las 374 cooperativas agroalimentarias valencianas, lo que supone un 8% del total de miembros. Se trata de un dato que duplica la media nacional del sector, con una participación de 1.400 mujeres que representan un 4% del total de rectores, según han asegurado desde Cooperatives Agro-alimentàeries de la Comunitat Valenciana.

Para el Día Internacional de la Mujer Rural –que se celebra este lunes–, desde Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana quieren «reivindicar el papel de la mujer en el sector agroalimentario» y apelar «al esfuerzo colectivo para incrementar paulatinamente esta cifra de representación, hasta equiparla al menos con la presencia de mujeres en el conjunto de la masa social de las cooperativas del sector, que se acerca al 28% del total».

Según la organización, pese a que las cifras valencianas «mejoran con creces la media estatal», han destacado «todavía queda mucho camino por recorrer y se anima a las cooperativas a dar pasos decididos en pos de una igualdad real y efectiva».

«Asimismo, se desea poner en valor la capacidad y la dedicación de las mujeres que ya forman parte de los órganos de gestión y decisión, además de visualizar su trabajo como ejemplo que incite a otras mujeres a empoderarse y a tomar un rol protagonista en la vida diaria de las cooperativas», han asegurado.

Desde Federació se trabaja «codo a codo» con las cooperativas interesadas en avanzar en igualdad de oportunidades, para ofrecer asesoramiento y formación en la materia.

Así, se impulsan acciones de sensibilización y empoderamiento, foros de debate e intercambio de experiencias, encuentros de mujeres cooperativistas y talleres, para impulsar además la participación de las cooperativas valencianas en las actividades organizadas por la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE).

Desde el Departamento de Igualdad se ha destacado que «el fomento de la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector cooperativo agroalimentario forma parte de los fines estatutarios de la organización».

Así, han asegurado que «todos los pasos que dan en esa línea se cimentan ante todo en el firme convencimiento de que el incremento de la presencia de mujeres en los órganos de gestión y decisión de las cooperativas es un factor clave para la mejora de su gobernanza, para el fomento del relevo generacional en el sector y para la lucha contra el despoblamiento de nuestras zonas rurales».

Asimismo, desde Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana han subrayado la necesidad de realizar un ejercicio de reflexión conjunto, «más allá de las cifras presentadas», para «encontrar las verdaderas causas que limitan la participación de mujeres en los órganos de gestión y decisión de las cooperativas».

En este sentido, se apela desde la organización a las Administraciones para que «impulsen un marco normativo y legal que favorezca la presencia de la mujer en el sector agrario y en las propias cooperativas» y, a partir de este hecho, que «fomente su incorporación a sus órganos de gestión y decisión».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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