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Las playas valencianas ya tienen sus banderas azules de excelencia y calidad

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Las playas de la Comunitat Valenciana ya tienen sus banderas azules como símbolo de excelencia turística y calidad ambiental, tras el acto de entrega de estas distinciones por parte de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián.

Cebrián ha presidido el acto de entrega de las banderas azules de las playas valencianas de 2018 celebrado en Castellón, junto a la vicepresidenta de la Asociación para la Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), Virginia Yuste, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

La Comunitat Valenciana ha obtenido en 2018 un total de 146 banderas azules, dos más que en 2017. Han recibido esta distinción 132 playas y 14 puertos deportivos en la Comunitat Valenciana. Por provincias, la de Alicante, con 81 banderas azules (68 en playas y 13 en puertos deportivos) se convierte en la provincia más galardonada. Castellón ha obtenido un total de 34 banderas azules (33 en playas y una en puertos deportivos) y Valencia ha logrado 31 banderas azules en playas.

La consellera se ha referido a las políticas del agua de la propia Generalitat como contribución a la calidad del litoral valenciano que estos galardones reconocen para, acto seguido, poner el acento en la relevancia del trabajo «conjunto, coordinado y cooperativo» de los distintos actores e instituciones para la mejora y adecuación de las playas y los puertos deportivos de la Comunitat. El resultado de este trabajo colectivo es el «liderazgo internacional», ha indicado.

Se trata de «un trabajo realizado desde la ilusión, la fuerza y las ganas de seguir mejorando», ha expuesto la Consellera en relación al esfuerzo que se realiza para cuidar y hacer más atractivas tanto las playas como los servicios, las instalaciones deportivas y su entorno. Cebrián ha apostado por continuar así para seguir siendo «referente» de «buena gestión, calidad, sostenibilidad ambiental y excelencia de playas y puertos». Ha añadido que la calidad ambiental no es una «limitación», sino que debe verse como una «oportunidad».

La Comunitat Valenciana ha conseguido una de cada cinco banderas azules otorgadas al Estado español. Este distintivo que concede la Fundación de Educación Ambiental (FEE), en España a través de ADEAC, identifica las playas y puertos deportivos con una alta calidad ambiental y unos buenos servicios y seguridad para los usuarios, según ha informado el Consell en un comunicado.

Más del 50 por ciento de las banderas azules obtenidas en la Comunitat se encuentran en el entorno de espacios naturales protegidos, lo que también es consecuencia del trabajo de conservación que se realiza en los parques naturales valencianos, ha remarcado la consellera.

EVITAR UN «MAR DE PLÁSTICO»
«Este galardón tiene como objetivo un cambio de actitudes y comportamientos cívico-ambientales y pone de relevancia la calidad de las aguas y la calidad de nuestro mar», ha señalado Cebrián, quien además ha recordado durante el acto «la necesidad y la urgencia de cuidar nuestros océanos para que no se conviertan en un mar de plástico».

La consellera ha recordado la importancia que tienen los océanos, ya que son los «pulmones del planeta, ayudan a regular el clima y son fuente de alimento y medicinas y parte fundamental de la biosfera, por lo que hay que evitar su degradación».

Ha apelado, asimismo, a la solidaridad con quienes arriesgan sus vidas en el mar huyendo de la violencia y el hambre, porque «no se puede ser ajeno a desgracias que tienen como escenario nuestras costas». En el acto celebrado en Castellón también han participado el director general del Agua, Manuel Aldeguer, así como el director territorial de Castellón, Antoni Lluís García, y el subdirector general, José Vicente Benadero.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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