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Les Corts borran el rastro de la expresidenta Milagrosa Martínez, encarcelada por Gürtel

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VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) –

La retirada del retrato que hasta ahora estaba expuesto en el salón dorado de Les Corts Valencianes y de la placa de inauguración del edificio de grupos, en la que figuraba su nombre, han borrado la huella de la que fuera presidenta del parlamento autonómico durante la séptima legislatura, desde junio de 2007 a junio de 2011, Milagrosa Martínez, que se encuentra en prisión tras haber sido condenada a nueve años de cárcel por el caso Fitur, la primera sentencia declarada firme por el Tribunal Supremo en la trama Gürtel.

A las nueve de la mañana se ha procedido, ante una gran expectación mediática, a retirar la placa que recordaba a la entrada del edificio de los grupos parlamentarios la inauguración de este espacio el 11 de marzo de 2011, siendo Martínez presidenta de Les Corts. Dos operarios se han encargado de esta tarea y, de hecho, la placa se ha partido en dos durante la operación.

Más sencilla y rápida ha sido la retirada del cuadro de Martínez del salón dorado, en el que se exponen los retratos de los expresidentes, que se encontraba en la pared derecha junto al de Juan Cotino. En apenas unos minutos un trabajador ha descolgado el lienzo, lo ha depositado boca abajo en la mesa central de la sala y lo ha envuelto en papel, ante un gran número de periodistas gráficos. La pieza, según han confirmado desde el parlamento, será llevado al almacén.

Les Corts han dado cumplimiento así al acuerdo por unanimidad de la Mesa alcanzado el martes para retirar ambas referencias a la expresidenta, que tiene sobre sí una condena en firme. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno vigente, así como una resolución posterior del pleno, establece que se tendrán que retirar las menciones honoríficas, honores, placas, o menciones a aquellas personas con sentencia firme por corrupción y que además estén motivadas por un coste para el servicio público.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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