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Ley del aborto: Aborto sin permiso desde los 16 y bajas por regla

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ley del aborto
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma de la ley del aborto que este jueves aprueba definitivamente el Congreso busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.

Ley del aborto

La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.

Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.

Interrupción voluntaria del embarazo y anticoncepción

La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia.

Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.

Aborto sin permiso a menores de 16

Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo sin las exigencias actuales de información y tres días de reflexión.

La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.

Los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en:

  • institutos
  • centros penitenciarios
  • centros asociados a los servicios sociales

Derechos reproductivos y sexuales de las mujeres

La ley, ha continuado la ministra, también atiende a los derechos de las mujeres que deciden ser madres.

Establece medidas de acompañamiento en el embarazo y de promover buenas prácticas gineco-obstétricas y el parto respetado.

La creación de un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad.

Baja por reglas dolorosas

Se regula por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y se dispensarán gratis productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para combatir la pobreza menstrual irregular.

La norma reconoce como violencias contra las mujeres:

  • la explotación reproductiva
  • el aborto
  • el embarazo forzado
  • la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul.

Educación sexual

La ley la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.

«El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos y, con esta ley, este Gobierno de coalición progresista y feminista quiere asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país a una educación sexual integral», ha concluido Montero.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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