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López Miras anuncia rebajas en el IRPF con las que los murcianos ahorrarán 18,2 millones de euros en 2019
Publicado
hace 8 añosen
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció hoy un paquete de rebajas en el IRPF que va a suponer un ahorro para los murcianos de 18,2 millones de euros en 2019 y que “hará de la Región de Murcia la comunidad con la tarifa autonómica más baja de toda España, junto con Madrid”, según indicó.
En total, 300.000 declarantes de renta se podrán aplicar desde el año que viene la nueva tarifa autonómica y se ahorrarán 15,2 millones de euros cada año. El Gobierno regional introducirá la reducción fiscal de manera gradual desde 2019 hasta 2023, lo que supondrá un ahorro total de 76 millones de euros en el último ejercicio.
La rebaja se aplicará en todos los tramos de la tarifa autonómica, especialmente a las clases medias (con rentas comprendidas entre los 12.450 y 20.200 euros, y de 20.200 a 34.000 euros anuales) que disfrutarán de una reducción acumulada del 14,2 por ciento y el 10,4 respectivamente al final de los cinco años de aplicación.
Más ahorro para las familias
El nuevo paquete de rebajas fiscales que presentó hoy López Miras incluye, además, deducciones autonómicas dirigidas a las familias, una por nacimiento o adopción de hijos y otra por gastos en guardería, porque “la Región de Murcia necesita políticas sociales que favorezcan la natalidad y la conciliación de la vida laboral y familiar, con iniciativas que ayuden a las familias murcianas que deciden tener hijos”, remarcó el presidente.
“Este es un Gobierno que cree en las familias”, destacó el jefe del Ejecutivo regional, quien explicó que “a partir de 2019 los murcianos podrán ahorrarse 100 euros por el nacimiento o adopción de su primer hijo, 200 por el segundo y 300 euros del tercero en adelante”. Asimismo, explicó que “esta nueva desgravación beneficiará a los padres de más de 8.000 niños, con lo que los murcianos se ahorrarán cerca de 1,4 millones de euros”.
Además, las familias con niños de hasta 3 años se podrán desgravar el 20 por ciento de los gastos en guardería, con un ahorro máximo de 1.000 euros anuales. Hasta ahora la deducción por guardería era del 15 por ciento, con un ahorro máximo de 330 euros en el caso de declaración individual y 660 en conjuntas, con el requisito de que ambos progenitores trabajaran fuera de casa. El Gobierno regional elimina este requisito y propiciará que los padres de 8.300 niños se ahorren en total 1,6 millones de euros.
Estas medidas se suman a un plan de rebajas fiscales que se inició con la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones el pasado uno de enero, “tal y como nos comprometimos, logrando que los murcianos se hayan ahorrado, en lo que va de año, más de 110 millones de euros”, enfatizó López Miras. Al respecto, exigió al Gobierno de España que “no imponga un mínimo en este tributo cedido a las comunidades autónomas, algo que perjudicaría gravemente a nuestra Región”.
“Estamos demostrando con hechos que el Gobierno regional cumple con sus promesas y sus compromisos, y lo vamos a seguir haciendo”, destacó el presidente, quien puso en valor que “cada día se crean 115 nuevos puestos de trabajo en la Región, lo que ha reducido el desempleo por debajo de la barrera de las 100.000 personas”. Asimismo, indicó que “la contratación fija ha crecido un 33 por ciento desde enero a julio, el paro de larga duración ha descendido el doble, y ha caído también especialmente el paro juvenil y el femenino”.
Durante el encuentro informativo con los medios de comunicación, explicó que “a esta bajada de impuestos se sumará el próximo curso el impulso de la Ley de Aceleración Empresarial, la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente, la Estrategia Regional de Economía Circular o el Plan de lucha contra la brecha salarial”. Además, remarcó que, en materia sanitaria, “seguiremos avanzando en el Programa de Acción para el Impulso y Mejora de la Atención Primaria, con una inversión de 70 millones de euros en 14 municipios” y “terminaremos la tramitación de las leyes de Servicios Sociales, de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de Protección Integral de la Familia”.
Demanda “lealtad y colaboración” al Gobierno de España
Durante su intervención, Fernando López Miras exigió al Gobierno de España “lealtad y colaboración” en los proyectos estratégicos que marcan el futuro de la Región de Murcia, y aseguró que “hemos perdido un aliado en Madrid” tras la moción de censura. En este sentido, enfatizó que “financiación autonómica, infraestructuras y agua son tres asuntos prioritarios para la Región que deben volver a la agenda del Gobierno central”.
En materia de agua, el presidente lamentó que “la ministra Ribera cuestione día sí y día también la viabilidad y el futuro del trasvase Tajo-Segura, que es vida para la Región de Murcia», y se refirió a la aprobación del último trasvase aprobado para la cuenca del Segura, “un trasvase de 20 hectómetros cúbicos cuando correspondían 38”. “La ley se debe aplicar tal y como se hacía con el anterior gobierno de Mariano Rajoy», remarcó.
“Aún no se han cumplido 100 días desde que Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno y, en este tiempo, lamentablemente solo hemos visto como tanto él como sus ministros se han dedicado a frenar las inversiones y recortar todo lo importante para la Región”, resaltó López Miras, quien argumentó que “tan solo 17 días bastaron para que nos dijeran que los murcianos vamos a seguir recibiendo financiación insuficiente para garantizar la misma sanidad, educación y políticas sociales que el resto de los españoles; y tan solo 41 días tardaron en secuestrar el AVE a la Región de Murcia, cuando era una realidad ya que la vía provisional está casi terminada e iba a comenzar la circulación en pruebas”.
En este sentido, López Miras destacó que “en cuanto al soterramiento, todo sigue tal y como lo había programado y presupuestado el gobierno de Mariano Rajoy, continúan las pantallas acústicas, el paso a nivel de Santiago el Mayor tendrá que cerrarse y la pasarela peatonal continúa en el mismo sitio en el que estaba, y lo que se están retrasando son los plazos de contratación”.
Así, aseguró que “todo responde a un capricho político de Pedro Sánchez y no vamos a permitir que con el aeropuerto pase lo mismo que con la Alta Velocidad”. “Vamos a exigir que haya aviones operando el 15 de enero en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, tal y como está establecido en la hoja de ruta”, remarcó el presidente, quien se refirió también a “la paralización por parte del Gobierno de España de infraestructuras fundamentales como el tercer carril de la A-7, las obras para finalizar la autovía Zeneta-Santomera o los arcos norte y noroeste”.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 1 horaen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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