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Los 29 millones de vacunas de AstraZeneca localizadas en Italia son para Bélgica

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Roma, 24 mar (EFE).- Los lotes de la vacuna de AstraZeneca que se encontraban almacenados en una planta de la farmacéutica Catalent en Anagni, cerca de Roma, iban a ser destinados a Bélgica y no al Reino Unido, como informó hoy el diario «La Stampa», según fuentes del Gobierno italiano.

«El sábado, la Comisión Europea pidió al presidente del Gobierno que verificase algunos lotes de vacunas que se encontraban en una planta de producción de Anagni (provincia de Roma)», dijeron las fuentes.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, informó al ministro de Sanidad, quien ordenó una inspección de la que resultó que los lotes, cuya cantidad no ha sido hecha pública, tenían como destino Bélgica y todas las expediciones están controladas por los Carabineros que se ocupan del departamento de sanidad, añadieron.

El Gobierno no informó de la cantidad de vacunas almacenadas, que según «la Stampa» eran 29 millones de dosis, y tampoco precisó si Bélgica era su destino final.

Según «La Stampa», se trata de una cantidad por la que estarían compitiendo Bruselas y Londres, ya que para la UE se trata de «un suministro equivalente al doble de las dosis recibidas hasta ahora por la empresa anglo-sueca (16,6 millones).

El diario indica que esta impresionante cifra de vacunas se descubrió gracias a la visita del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, a la planta de Leiden, en Países Bajos, gestionada por Halix. Esta es una de las dos plantas que utiliza la empresa farmacéutica para producir el medicamento en la UE (la otra está en Seneffe, Bélgica).

El problema es que la planta de Halix no ha obtenido aún la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), por lo que sin su visto bueno, las dosis no se pueden ser entregadas a los países de la UE.

Esto, sin embargo, no es aplicable al Reino Unido que, de hecho, en los últimos meses del año pasado habría importado las vacunas producidas en la fábrica holandesa.

Pero ante la falta de una respuesta concreta a las preguntas de Breton sobre qué se hacía con las dosis que se producían en esta fábrica, se iniciaron las investigaciones que llevaron a la planta italiana, según el diario.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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