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Valencia

Los 400 millones del Plan Resistir se pagarán antes de final de junio

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EFE/Biel Aliño

València, 17 may (EFE).- Los 400 millones del Plan Resistir para ayudar al tejido empresarial se pagarán antes de final de junio, y en este momento ya se han transferido a las empresas y autónomos cerca de 210 millones, más de la mitad.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha realizado este anuncio durante una reunión de seguimiento de las ayudas de la Generalitat para los sectores económicos más afectados por la covid-19 celebrada este lunes, en la que también ha participado el conseller de Hacienda, Vicent Soler; de Economía, Rafa Climent, y de Política Territorial, Arcadi España.

Puig ha manifestado que, avanzando en el proceso de vacunación, lo fundamental es reactivar la economía y por eso la Generalitat ha planificado el apoyo a empresas y autónomos, y ha recordado que el 31 de mayo se pondrán en marcha las convocatorias del Plan Resistir Plus, dotado con 649 millones de euros, en dos fases, del 31 de mayo al 4 de junio para autónomos, y desde el 7 de junio para las empresas.

Con ello, el tejido empresarial tendrá este verano «recursos suficientes» para la reactivación de su actividad económica, ha manifestado, informa la Generalitat.

Durante su intervención, el president ha señalado que el objetivo prioritario de la Generalitat es «prestar el mayor apoyo posible a las empresas y autónomos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, con el fin de que puedan iniciar este verano su recuperación, lo que también contribuirá a generar empleo».

La Generalitat ha tramitado cerca de 291.000 solicitudes de las distintas líneas de ayuda del plan de choque, a las que se suman las tramitadas por los ayuntamientos para distribuir las ayudas Paréntesis.

Respecto de éstas, Puig ha valorado la participación de los ayuntamientos en su tramitación «puesto que están contribuyendo a acelerar su llegada a todos los afectados de manera más directa».

Por otro lado, se ha referido a la gestión realizada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en la concesión de los préstamos bonificables Horeca, dirigidos a empresas que necesitan apoyo financiero para garantizar su viabilidad. Actualmente el IVF ya ha concedido 80 millones de euros en estos préstamos bonificables que tienen un tramo de ayuda directa de hasta el 30 % del importe solicitado.

Respecto al Plan Resistir Plus, a partir del 31 de mayo para los profesionales autónomos y del 7 de junio para las empresas se podrá solicitar cita previa para comenzar la tramitación telemática de las ayudas.

Este plan beneficiará a empresas y autónomos de 184 sectores, tras la ampliación propuesta por el Consell, lo que posibilita que 14.000 empresas de la industria manufacturera, que dan empleo a más de 203.000 valencianos, puedan también recibir las ayudas.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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