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Los 52 Colegios de Médicos de España piden el cese de Fernando Simón «por su incapacidad durante la evolución de la pandemia»

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Este es el comunicado íntegro de Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM):

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, reunida con fecha 13 de noviembre de 2020 ha aprobado solicitar el cese inmediato de D. Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19. Igualmente solicitamos una rectificación pública de las últimas declaraciones efectuadas.

No es la primera vez que venimos manifestando nuestro malestar ante declaraciones y acciones improcedentes de D. Fernando Simón. Afirmaciones como que se estaban realizando todas las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de sanitarios infectados en los equipos asistenciales en etapas con una gran incidencia de contagios de profesionales, la puesta en marcha de guías de reincorporación al trabajo sin garantías ni para el profesional ni para el ciudadano, discrepancias claras sobre la situación de la pandemia y las medidas a tomar, y sobre todo, la ausencia de un Comité de Expertos compuesto por reconocidos profesionales, independiente y transparente, así como la ausencia de un sistema de evaluación para mejorar la respuesta a brotes de Covid-19 en coincidencia con otros agentes sanitarios.

Sus últimas declaraciones, efectuadas el jueves, en las que literalmente expresa, sobre el número de contagios de los profesionales sanitarios que: “ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo” nos obliga a tomar esta decisión.

Estas declaraciones, realizadas desde el conocimiento de los daños que la pandemia por la Covid-19 ha dejado y está dejando sobre los sanitarios en general y sobre los médicos en particular, y que nos sitúan a la cabeza de infectados de entre los países de nuestro entorno, no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo a las que nos hemos visto sometidos (ausencia de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, etc.), y de la responsabilidad y la vocación con la que miles de compañeros y compañeras están desarrollando su actividad desde el profesionalismo médico y desde la acción colaborativa estrecha con el resto de las profesiones sanitarias.

72 médicos y médicas fallecidos en el ejercicio asistencial desde marzo, cientos de compañeros que luchan a diario por superar las secuelas de la infección, y miles que siguen luchando por contrarrestar los efectos de una pandemia como no habíamos conocido. Profesionales a los que se les pide sacrificio, apelando a su vocación y de los que se abusa por su compromiso con el paciente y con la sociedad.

Una Profesión que reclama insistentemente que la infección por el virus SARS-Cov-2 sea reconocida como enfermedad profesional y que seamos profesión de riesgo, no se merecen que al mando del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias esté D. Fernando Simón.

La profesión médica pide: Reconocimiento, Respeto, Participación y Dignidad.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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