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Los 52 Colegios de Médicos de España piden el cese de Fernando Simón «por su incapacidad durante la evolución de la pandemia»

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Este es el comunicado íntegro de Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM):

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, reunida con fecha 13 de noviembre de 2020 ha aprobado solicitar el cese inmediato de D. Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19. Igualmente solicitamos una rectificación pública de las últimas declaraciones efectuadas.

No es la primera vez que venimos manifestando nuestro malestar ante declaraciones y acciones improcedentes de D. Fernando Simón. Afirmaciones como que se estaban realizando todas las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de sanitarios infectados en los equipos asistenciales en etapas con una gran incidencia de contagios de profesionales, la puesta en marcha de guías de reincorporación al trabajo sin garantías ni para el profesional ni para el ciudadano, discrepancias claras sobre la situación de la pandemia y las medidas a tomar, y sobre todo, la ausencia de un Comité de Expertos compuesto por reconocidos profesionales, independiente y transparente, así como la ausencia de un sistema de evaluación para mejorar la respuesta a brotes de Covid-19 en coincidencia con otros agentes sanitarios.

Sus últimas declaraciones, efectuadas el jueves, en las que literalmente expresa, sobre el número de contagios de los profesionales sanitarios que: “ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo” nos obliga a tomar esta decisión.

Estas declaraciones, realizadas desde el conocimiento de los daños que la pandemia por la Covid-19 ha dejado y está dejando sobre los sanitarios en general y sobre los médicos en particular, y que nos sitúan a la cabeza de infectados de entre los países de nuestro entorno, no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo a las que nos hemos visto sometidos (ausencia de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, etc.), y de la responsabilidad y la vocación con la que miles de compañeros y compañeras están desarrollando su actividad desde el profesionalismo médico y desde la acción colaborativa estrecha con el resto de las profesiones sanitarias.

72 médicos y médicas fallecidos en el ejercicio asistencial desde marzo, cientos de compañeros que luchan a diario por superar las secuelas de la infección, y miles que siguen luchando por contrarrestar los efectos de una pandemia como no habíamos conocido. Profesionales a los que se les pide sacrificio, apelando a su vocación y de los que se abusa por su compromiso con el paciente y con la sociedad.

Una Profesión que reclama insistentemente que la infección por el virus SARS-Cov-2 sea reconocida como enfermedad profesional y que seamos profesión de riesgo, no se merecen que al mando del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias esté D. Fernando Simón.

La profesión médica pide: Reconocimiento, Respeto, Participación y Dignidad.

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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