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Los 6 requisitos de la OMS para poner fin al confinamiento

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El Director General de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Tedros Adhanom,  durante la rueda de prensa sobre la COVID-19 hizo un llamamiento a todos los países para que se aseguren de que, cuando apliquen medidas de permanencia en el hogar, no lo hagan a expensas de los derechos humanos.

Destacó que cada gobierno debe evaluar su situación, protegiendo al mismo tiempo a todos sus ciudadanos y, especialmente, a los más vulnerables.

La nueva estrategia resume lo que hemos aprendido y traza el camino a seguir. Incluye seis criterios que los países deben tener en cuenta al considerar la posibilidad de levantar las restricciones:

En primer lugar, la transmisión ha de estar controlada.

En segundo lugar, el sistema de salud ha de tener capacidad para detectar, someter a pruebas, aislar y tratar a cada caso y rastrear a cada contacto.

En tercer lugar, los riesgos de brotes deben haberse reducido al mínimo en entornos especiales como centros sanitarios y residencias de ancianos.

En cuarto lugar, se han de aplicar medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas y otros lugares adonde sea esencial que las personas acudan.

En quinto lugar, los riesgos de importación se deben poder gestionar.

Y, en sexto lugar, las comunidades deben estar completamente informadas, comprometidas y empoderadas para ajustarse a la «nueva norma».

Todos los países deberían aplicar un amplio conjunto de medidas para frenar la transmisión y salvar vidas, con el objetivo de alcanzar un estado estable de bajo nivel de transmisión o de ausencia de transmisión.

Los países deben alcanzar un equilibrio entre las medidas para abordar la mortalidad causada por la COVID-19 y aquellas relacionadas con otras enfermedades debidas al desbordamiento de los sistemas de salud, así como las repercusiones económicas y sociales.

A medida que la pandemia se ha ido extendiendo, sus repercusiones socioeconómicas y para la salud pública han sido profundas y han afectado de manera desproporcionada a las personas vulnerables. Muchas poblaciones ya han experimentado una falta de acceso a los servicios de salud rutinarios y esenciales.

Nuestra conexión mundial significa que el riesgo de reintroducción y resurgimiento de la enfermedad continuará.

En última instancia, será necesario que se desarrolle y ofrezca una vacuna segura y eficaz para interrumpir totalmente la transmisión.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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