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Los británicos recogen firmas para impedir que Donald Trump visite el país de manera oficial

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Cerca de un millón de ciudadanos de Reino Unido han firmado ya una petición dirigida al Gobierno para que impida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita de Estado al país por considerar que sería una vergüenza para la reina Isabel II.

La petición pública remitida al Gobierno británico, que tendrá que dar una respuesta porque la iniciativa ronda ya el millón firmas, y en ella se especifica que Trump debería estar autorizado a visitar Reino Unido por ser el presidente de Estados Unidos pero «no debería ser invitado» a hacer una «visita de Estado porque causaría vergüenza a Su Majestad la Reina».

La petición, que se ha convertido en un tema viral entre los británicos, lleva a las 10:50 hora española, 996.000 firmas, por lo que es probable que supere en las próximas horas el millón de avales. Cabe señalar que el portal de peticiones al Gobierno británico recuerda que el Ejecutivo tiene la obligación de «responder a todas las peticiones que tengan más de 10.000 firmas», así como el Parlamento considera que todas las peticiones que llegan a más de 100.000 firmas sean objeto de «debate».

Esta iniciativa ha surgido después de que la semana pasada la reina Isabel II invitara oficialmente a Trump a visitar Reino Unido, una propuesta que trasladó la primera ministra del país, Theresa May, durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente norteamericano.

La petición para vetar la visita de Trump fue presentada este domingo por un ciudadano llamado Graham Guest y, en apenas unas horas, logró alcanzar las 100.000 firmas, la cifra que obliga a que el tema sea abordado en el Parlamento.

Este sistema de peticiones da seis meses a cada iniciativa para alcanzar 10.000 firmas para obligar al Gobierno a manifestarse al respecto y 100.000 para que la cuestión sea tratada en el Parlamento.

«La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el Príncipe de Gales. Por consiguiente, durante su mandato, Donald Trump no debe ser invitado a Reino Unido para una visita de Estado», señala la solicitud, respaldada por más de 945.000 ciudadanos.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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