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Los británicos recogen firmas para impedir que Donald Trump visite el país de manera oficial

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Cerca de un millón de ciudadanos de Reino Unido han firmado ya una petición dirigida al Gobierno para que impida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita de Estado al país por considerar que sería una vergüenza para la reina Isabel II.

La petición pública remitida al Gobierno británico, que tendrá que dar una respuesta porque la iniciativa ronda ya el millón firmas, y en ella se especifica que Trump debería estar autorizado a visitar Reino Unido por ser el presidente de Estados Unidos pero «no debería ser invitado» a hacer una «visita de Estado porque causaría vergüenza a Su Majestad la Reina».

La petición, que se ha convertido en un tema viral entre los británicos, lleva a las 10:50 hora española, 996.000 firmas, por lo que es probable que supere en las próximas horas el millón de avales. Cabe señalar que el portal de peticiones al Gobierno británico recuerda que el Ejecutivo tiene la obligación de «responder a todas las peticiones que tengan más de 10.000 firmas», así como el Parlamento considera que todas las peticiones que llegan a más de 100.000 firmas sean objeto de «debate».

Esta iniciativa ha surgido después de que la semana pasada la reina Isabel II invitara oficialmente a Trump a visitar Reino Unido, una propuesta que trasladó la primera ministra del país, Theresa May, durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente norteamericano.

La petición para vetar la visita de Trump fue presentada este domingo por un ciudadano llamado Graham Guest y, en apenas unas horas, logró alcanzar las 100.000 firmas, la cifra que obliga a que el tema sea abordado en el Parlamento.

Este sistema de peticiones da seis meses a cada iniciativa para alcanzar 10.000 firmas para obligar al Gobierno a manifestarse al respecto y 100.000 para que la cuestión sea tratada en el Parlamento.

«La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el Príncipe de Gales. Por consiguiente, durante su mandato, Donald Trump no debe ser invitado a Reino Unido para una visita de Estado», señala la solicitud, respaldada por más de 945.000 ciudadanos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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