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Los británicos recogen firmas para impedir que Donald Trump visite el país de manera oficial

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Cerca de un millón de ciudadanos de Reino Unido han firmado ya una petición dirigida al Gobierno para que impida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita de Estado al país por considerar que sería una vergüenza para la reina Isabel II.

La petición pública remitida al Gobierno británico, que tendrá que dar una respuesta porque la iniciativa ronda ya el millón firmas, y en ella se especifica que Trump debería estar autorizado a visitar Reino Unido por ser el presidente de Estados Unidos pero «no debería ser invitado» a hacer una «visita de Estado porque causaría vergüenza a Su Majestad la Reina».

La petición, que se ha convertido en un tema viral entre los británicos, lleva a las 10:50 hora española, 996.000 firmas, por lo que es probable que supere en las próximas horas el millón de avales. Cabe señalar que el portal de peticiones al Gobierno británico recuerda que el Ejecutivo tiene la obligación de «responder a todas las peticiones que tengan más de 10.000 firmas», así como el Parlamento considera que todas las peticiones que llegan a más de 100.000 firmas sean objeto de «debate».

Esta iniciativa ha surgido después de que la semana pasada la reina Isabel II invitara oficialmente a Trump a visitar Reino Unido, una propuesta que trasladó la primera ministra del país, Theresa May, durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente norteamericano.

La petición para vetar la visita de Trump fue presentada este domingo por un ciudadano llamado Graham Guest y, en apenas unas horas, logró alcanzar las 100.000 firmas, la cifra que obliga a que el tema sea abordado en el Parlamento.

Este sistema de peticiones da seis meses a cada iniciativa para alcanzar 10.000 firmas para obligar al Gobierno a manifestarse al respecto y 100.000 para que la cuestión sea tratada en el Parlamento.

«La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el Príncipe de Gales. Por consiguiente, durante su mandato, Donald Trump no debe ser invitado a Reino Unido para una visita de Estado», señala la solicitud, respaldada por más de 945.000 ciudadanos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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