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Los contagios suben en 1,1 millones desde comienzo de año, según la universidad Johns Hopkins

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Washington, 3 ene (EFE).- Los casos globales de covid-19 superan los 84,5 millones, según los últimos datos registrados hoy por la universidad Johns Hopkins (JHU), lo que supone un aumento de más de 1,1 millones de contagios desde el inicio del año.

De acuerdo con las cifras publicadas este domingo por la JHU en su página web, los contagiados de covid-19 ascienden a 84.588.500, frente a los 83.474.757 del pasado viernes, primer día del año nuevo, y el número de personas fallecidas por la enfermedad se eleva a 1.835.788.

Esta cifra supone 17.029 víctimas mortales más que el viernes, cuando habían fallecido 1.818.759 personas por la covid-19, según el recuento de la universidad estadounidense de Medicina.

Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios en el mundo con 20.427.780, seguido de la India con 10.323.965 y Brasil con 7.716.405.

Estados Unidos es también el país con el mayor número de muertos, con 350.186, seguido de Brasil con 195.725 y la India con 149.435 fallecidos.

Entre los países europeos con más contagios figuran Rusia (3.179.898), Francia (2.700.480) y el Reino Unido (2.607.542), mientras que en Latinoamérica, el país con mayor número de casos, después de Brasil, es Colombia con 1.666.408, seguido de Argentina (1.634.834) y México (1.443.544).

Respecto al número de fallecidos por el virus SARS-CoV-2 desde que comenzó la pandemia, los países con mayor mortandad en Europa son Italia (74.985), Reino Unido (74.682), Francia (65.048), Rusia (57.235) y España (50.837).

Después de Brasil, México es el país latinoamericano con más víctimas mortales con 126.851, según la universidad Johns Hopkins, seguido de Colombia (43.765), Argentina (43.375) y Perú (37.680).

En el continente africano, el país con mayor número de casos de coronavirus es Sudáfrica, que suma 1.088.889 y 29.175 fallecidos por la covid-19.

El pasado jueves se cumplió exactamente un año de que las autoridades chinas informaran a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición en la ciudad de Wuhan de una enfermedad neumónica entonces desconocida.

Un mes después de notificarse la aparición del coronavirus, la OMS declaró una emergencia internacional aunque no consideraría la crisis sanitaria una pandemia hasta el 11 de marzo de 2020.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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