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Los contagios suben en 1,1 millones desde comienzo de año, según la universidad Johns Hopkins

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Washington, 3 ene (EFE).- Los casos globales de covid-19 superan los 84,5 millones, según los últimos datos registrados hoy por la universidad Johns Hopkins (JHU), lo que supone un aumento de más de 1,1 millones de contagios desde el inicio del año.

De acuerdo con las cifras publicadas este domingo por la JHU en su página web, los contagiados de covid-19 ascienden a 84.588.500, frente a los 83.474.757 del pasado viernes, primer día del año nuevo, y el número de personas fallecidas por la enfermedad se eleva a 1.835.788.

Esta cifra supone 17.029 víctimas mortales más que el viernes, cuando habían fallecido 1.818.759 personas por la covid-19, según el recuento de la universidad estadounidense de Medicina.

Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios en el mundo con 20.427.780, seguido de la India con 10.323.965 y Brasil con 7.716.405.

Estados Unidos es también el país con el mayor número de muertos, con 350.186, seguido de Brasil con 195.725 y la India con 149.435 fallecidos.

Entre los países europeos con más contagios figuran Rusia (3.179.898), Francia (2.700.480) y el Reino Unido (2.607.542), mientras que en Latinoamérica, el país con mayor número de casos, después de Brasil, es Colombia con 1.666.408, seguido de Argentina (1.634.834) y México (1.443.544).

Respecto al número de fallecidos por el virus SARS-CoV-2 desde que comenzó la pandemia, los países con mayor mortandad en Europa son Italia (74.985), Reino Unido (74.682), Francia (65.048), Rusia (57.235) y España (50.837).

Después de Brasil, México es el país latinoamericano con más víctimas mortales con 126.851, según la universidad Johns Hopkins, seguido de Colombia (43.765), Argentina (43.375) y Perú (37.680).

En el continente africano, el país con mayor número de casos de coronavirus es Sudáfrica, que suma 1.088.889 y 29.175 fallecidos por la covid-19.

El pasado jueves se cumplió exactamente un año de que las autoridades chinas informaran a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición en la ciudad de Wuhan de una enfermedad neumónica entonces desconocida.

Un mes después de notificarse la aparición del coronavirus, la OMS declaró una emergencia internacional aunque no consideraría la crisis sanitaria una pandemia hasta el 11 de marzo de 2020.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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