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Los estudiantes valencianos son los peores en Ciencias y Matemáticas, según el Informe PISA
Publicado
hace 5 añosen

MADRID/VALÈNCIA, 3 Dic.-La Comunitat Valenciana ha obtenido unos resultados por debajo de la media nacional en Ciencias y Matemáticas, según refleja el Informe PISA 2018, que publica este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En concreto, en el índice de Matemáticas, la Comunitat alcanza una puntuación de 473, inferior a la de 481 de la media nacional, mientras que en el caso de Ciencias, la clasificación de los alumnos valencianos es de 478 (483 puntos en la media de España).
En el Informe de 2015, los datos situaron a la Comunitat Valenciana por debajo de la media nacional en matemáticas –476 por 486– y por encima de esta, aunque con poca diferencia, en ciencias y lectura (494 frente a 493).
Ahora, el nuevo Informe PISA de 2018 vuelve a constatar grandes diferencias entre los resultados de los estudiantes del norte de España y los del sur del país.
Por ejemplo, Galicia lidera la clasificación por comunidades en ciencias con 510 puntos, un resultado superior a la media de la OCDE, casi 100 puntos más de los que obtienen los estudiantes de Ceuta, 415.
España en su conjunto empeora sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas, que se realiza cada tres años. En matemáticas los estudiantes españoles obtienen 481 puntos, cinco menos que en el anterior informe de 2015, y 483 puntos en ciencias, diez menos que hace tres años. Tanto en matemáticas como en ciencias, el promedio de los países de la OCDE es de 489 puntos.
Por comunidades autónomas, Navarra logra los mejores resultados en matemáticas, 503 puntos (aunque pierde 15 respecto al informe de 2015), casi cien puntos más que Ceuta, que cierra la lista española con 411. Por detrás de Navarra y superando la media de los países de la OCDE se encuentran Castilla y León (502), Cantabria y Euskadi (499), Galicia (498), Aragón y La Rioja (497), Asturias (491) y Cataluña (490).
La Comunidad de Madrid, con 486 puntos, y Baleares (483), se sitúan ligeramente por encima de la media española en matemáticas. Por debajo, están las comunidades de Castilla-La Mancha (479), Región de Murcia (474), Comunitat Valenciana (473), Extremadura (470), Andalucía (467), Canarias (460), Melilla (432) y Ceuta (411).
En la clasificación de ciencias, Galicia desbanca, con 510 puntos, a Castilla y León, que consigue 501 perdiendo 18 en comparación con hace tres años. En esta competencia, los estudiantes de Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493) y Navarra (492) tienen mejores resultados que la media de la OCDE. Los de Cataluña, con 489, obtienen la misma puntuación del promedio internacional.
Superando la media española en ciencias se encuentran la Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi (487), y Castilla-La Mancha (484), mientras que por debajo se sitúan Baleares (482), Región de Murcia (479), Comunitat Valenciana (478), Extremadura (473), Andalucia (471), Canarias (470), Melilla (439) y Ceuta (415).
«ANOMALÍAS» EN LOS RESULTADOS DE LECTURA
En lectura, la tercera de las competencias que evalúa el Informe PISA 2018, los resultados españoles no se han publicado tras detectar «anomalías» en «un porcentaje significativo» de las pruebas realizadas el año pasado en institutos de todo el país.
En la prueba de fluidez de lectura hubo estudiantes que resolvieron 20 preguntas en menos de 25 segundos respondiendo a todas con síes o noes, algo que sucedió en «un pequeño número de centros de algunas zonas de España», según la OCDE. La publicación de los resultados de esta prueba ha quedado aplazada sin fecha mientras se investigan las causas de este «comportamiento anómalo».
MADRID «DESECHA» LOS RESULTADOS
La Comunidad de Madrid, que ha perdido 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas respecto a 2015, reclamó el pasado viernes que no se publicaran los resultados españoles del Informe PISA al considerar que las pruebas de matemáticas y ciencia están «contaminadas» por las «anomalías» que se registraron en las pruebas de lectura.
El Ejecutivo madrileño, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, aseguró que los resultados de las pruebas de 2018 son «absolutamente inverosímiles». Además, el Gobierno regional afirma que ha detectado que en la base de datos figuran alumnos examinados en 2017, cuando las pruebas se realizaron en abril y mayo de 2018, así como alumnos que no hicieron la prueba y aparecen calificados con un cero, por lo que baja la media.
«Cuestionamos los resultados», dijo este viernes el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que califica las pruebas de PISA como «auténtico desastre», por lo que defiende que «hay que desechar» sus resultados.
FUENTE: EUROPA PRESS
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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Airbnb defiende la legalidad de su plataforma
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Colaboraciones recientes con gobiernos regionales
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
1. Falta de número de licencia
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
2. Falta de información sobre el arrendador
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
3. Licencias no válidas o falsificadas
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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