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Los Guardias Civiles podrán llevar tatuajes visibles con uniforme

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El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto para regular el uso del uniforme en la Guardia Civil, es la primera vez que la Benemérita autoriza que los tatuajes sean visibles vistiendo el uniforme. Estará permitido eso sí, «siempre que no reflejen motivos o expresiones prohibidas» por esta ley o que incumplan la disciplina o imagen del cuerpo policial.

En el texto, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, además de los tatuajes, prohíbe las espigas, argollas, inserciones o similares que no estén consignados al uso de pendientes cuando sean visibles al llevar el uniforme, en el caso tanto de hombres como de mujeres.

El Real Decreto se aplicará al personal del cuerpo, a los retirados, al alumnado y de la misma forma en personas ajenas a la Guardia Civil a las que se les autorice »de forma expresa y excepcionalmente» a usar el uniforme o réplicas de ello para representaciones u otras actividades sociales o culturales. Según la Dirección General de la Guardia Civil en su comunicado, »se aplicará a los procesos selectivos 2021/2022 para el ingreso en el cuerpo».

El Real Decreto controla asimismo cuándo los guardias no deberán hacer uso del uniforme, con una referencia a su empleo en redes socialesactos publicitarios o medios de comunicación sin autorización expresa.

También prohíbe con carácter general a todas las personas ajenas al cuerpo no autorizadas a hacer uso »público e indebido» en cualquier medio del uniforme, sus emblemasinsignias condecoraciones oficiales »que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use».

Este Real Decreto aplica a todo el personal de la Guardia Civil en cualquiera de las situaciones administrativas en las que se encuentre y al personal en situación de retiro. También a todas las personas ajenas al Instituto Armado que vistan el uniforme o réplicas de este para representaciones y actividades de carácter cultural y social.

Será desarrollado en una orden ministerial posterior y queda prohibida la donación o compraventa entre particulares o fuera de los establecimientos comerciales autorizados de cualquier parte accesorio del uniforme.

Los establecimientos autorizados para su comercialización tendrán que solicitar al demandante el documento que acredite su condición de miembro del cuerpo. En el caso de tratarse de una demanda a distancia y no se puede comprobar, se enviará el material solicitado a una dependencia oficial de la Guardia Civil.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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