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Los niños asesinados en Godella recibieron golpes “tremendamente violentos” similares a caer de un quinto piso

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València, 4 jun (EFE).- Los médicos forenses han declarado este viernes en el juicio por el asesinato de dos niños ocurrido en Godella (Valencia) en 2019 que Amiel presentaba las mismas lesiones que habría recibido tras caerse de un quinto piso o un accidente de tráfico, producidas por golpes “tremendamente violentos”.

Cuatro profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Generalitat han declarado en la quinta jornada del juicio por jurado que se está siguiendo por estos hechos en la Ciudad de la Justicia de València.

Todos han coincidido en señalar que los dos pequeños murieron probablemente en las cercanías de la piscina que está situada a pocos metros de la casa en la que vivían con sus padres. El modo en que se produjeron los crímenes permite pensar que podrían haber sido cometidos por una sola persona, lo que no supone descartar la intervención de dos, han explicado también.

Aquellos golpes incluso llegaron casi a partir en dos el cráneo del niño, y fueron compatibles con que alguien hubiera golpeado al pequeño contra el borde de la piscina. Respecto a la niña, apuntan igualmente a que falleció también por traumatismo craneoencefálico severo, que le causó la muerte de modo muy inmediato. Fue producido por un objeto pesado, por ejemplo un palo o bastón.

Las muertes se produjeron entre las 22 y las 4 horas de aquel 14 de marzo, y ocurrieron en pocos minutos.

Los informes psiquiátricos forenses aportados a la causa, a los que ha tenido acceso EFE, consideran que Gabriel, el padre, no padece enfermedad ni deficiencia mental alguna, ni tampoco síntomas de trastorno de la personalidad; mientras que María, la madre, sí que presenta “una grave descompensación mental de tipo psicótico, que precisa de un ingreso psiquiátrico para su evaluación, diagnóstico y tratamiento”.

El responsable de Homicidios de la Guardia Civil que desarrolló la investigación por este doble parricidio consideró en su declaración del jueves ante el jurado que es «poco probable», por las dimensiones de la casa en la que se produjo el crimen y el entorno tranquilo, «que uno de los dos progenitores matase a los niños sin que el otro lo supiese».

El fiscal pide 50 años de prisión (25 años por cada asesinato), con un máximo de 40 años de encarcelamiento, para el padre; y el mismo tiempo de internamiento en un centro psiquiátrico para la madre, por padecer esquizofrenia y tener alteradas las facultades que harían posible su imputación.

Aunque los dos acusados se echan la culpa mutuamente, la acusación pública considera que el padre fue, como mínimo, inductor, y que no es creíble que aquella noche durmiera sin enterarse de lo que estaba sucediendo con sus hijos.

Además, el Ministerio Público cree que ambos «tenían y compartían creencias místico-religiosas, que habían aprendido e interiorizado» y que concretamente creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante los baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte, y también que se sentían acosados y perseguidos por una secta.

Así las cosas, en la noche de autos, los acusados, «actuando de común acuerdo en la ejecución de tal plan, haciendo y dejando hacer el uno al otro, primero bañaron a sus hijos en la piscina y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes a ambos, bien con un objeto contundente, bien contra el suelo», considera el fiscal.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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