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Los pensionistas se vuelven a concentrar en València para reclamar pensiones dignas

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VALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – Centenares de pensionistas se han concentrado este lunes en la Plaza del Ayuntamiento de València «por el futuro de las pensiones públicas dignas» con una revalorización de «todas» las pensiones igual o superior al IPC y han protestado contra los «intentos de privatizarlas». Además han calificado de «vergonzosas e insuficientes» las medidas anunciadas en los Presupuestos Generales del Estado en relación a una subida de hasta el 3% para las pensiones más bajas y «supuesta mejora» para las de viudedad.

Convocados por la Coordinadora Estatal y la Coordinadora Valenciana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, los pensionistas se han concentrado en hasta 16 localidades de la Comunitat Valenciana.

En la Plaza del Ayuntamiento de València se han reunido tras pancartas como ‘Pensiones públicas según el IPC ¡Ya!, contra las reformas de 2011 y 2013’, ‘Luchemos por las pensiones actuales y futuras’, ‘Pensions dignes. Treballem pel vostre futur. La nostra lluita, la vostra victòria’, ‘No al 0,25%, revalorización de las pensiones al IPC’.

Asimismo, se podían leer carteles como ‘Reclama lo tuyo, te pertenece con creces’, ‘El 0,25% es una mierda’ o ‘Ni chorizos ni ladrones, queremos pensiones’.

«UNIDAD DE ACCIÓN SÍ» PERO «SIN BANDERAS»
Esta movilización tiene lugar un día después de que los sindicatos mayoritarios llevaran a cabo otra manifestación, el pasado domingo, también por las pensiones. En este sentido, uno de los miembros de la Coordinadora, Ramón Pérez, ha reivindicado que «esto es un problema de pensiones y laboral, no se trata de banderas». Además, ha puntualizado que la Coordinadora pide la derogación de la reforma de 2013 pero también la de 2011, y esta fue firmada por los sindicatos mayoritarios.

En la misma línea, José Antonio Picón (CGT) ha subrayado que «unidad de acción sí, pero sin fotografías de destacar, sin banderas, porque las banderas no nos unen, las banderas nos separan porque si yo soy de una ideología y tú de otra, si me presentas banderas ya no voy contigo». «Las pensiones que no tienen bandera, las pensiones tienen el problema del bolsillo, de lo que nos quede de vida», ha remarcado.

En todo caso, desde la Coordinadora han asegurado que las «insuficientes» medidas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy «no nos van a desmovilizar». «Nos quieren tomar el pelo», ha apuntado uno de sus representantes durante la lectura del manifiesto, ya que estas «supuestas mejoras», eran «extremos que estaban comprometidos desde la reforma de las pensiones de 2011 pero que se habían negado a aplicar hasta ahora».

Asimismo, han reclamado que se equipare la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, con una subida mínima del 8%, con la idea de avanzar hacia una pensión mínima de 1.080 euros; el incremento de las pensiones no contributivas y subsidios del 8%, así como los subsidios para mayores de 52 y 55 años en el mismo porcentaje; mantener el sistema de la Seguridad Social como está y en caso de necesidad, recurrir a los PGE.

«BLINDAR» LAS PENSIONES
En este punto, Ramón Pérez ha señalado que «no podemos estar pendientes de la hucha de las pensiones, de si hay dinero o no. Las pensiones se tienen que blindar en la Constitución y que se paguen de los PGE».

Del mismo modo, durante la lectura del manifiesto, la Coordinadora ha dicho «no a los intentos de privatización de las pensiones y de los servicios sociales, de manera especial a los que afectan a las personas mayores» y han exigido la eliminación de las desgravaciones fiscales para los Planes de Pensiones Privadas. En este punto, han manifestado de «oposición rotunda» a cualquier directiva que pueda ser impuesta a los estados miembros de la Comunidad Europea que pueda favorecer la constitución de estos planes y fondos privados.

De nuevo, la Coordinadora ha reiterado su oposición a las reformas del 2011 y 2013 «tan lesivas para la clase trabajadora en general y para los pensionista en particular» y han pedido restablecer la jubilación a los 65 años y la no entrada en vigor del ‘factor de sostenibilidad’ previsto para el 1 de enero de 2019, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida del pensionista.

«Conforme está ahora la ley, hasta 2038 si el incremento de las pensiones sigue al 0,25% perderemos todos más del 30% de poder adquisitivo y eso contando que no se dispare la inflación», han advertido desde la Coordinadora.

Ante esta situación, desde la Coordinadora han avisado que «el PP se equivoca porque tenemos tiempo, experiencia y las cosas claras y vamos a continuar y a un Gobierno, sea del color que sea, que no respete a la tercera edad y a los pensionistas no lo votaremos». «Tenemos la movilización y luego el voto para tirar a estos chorizos», ha subrayado.

«Somos los pensionistas más pobres de Europa. España no llega a destinar el 10% del PIB a pensiones», ha criticado. Por eso, ha avanzado que el próximo 5 de mayo convocarán una nueva manifestación en defensa de las pensiones públicas y dignas, que arrancará también de la Plaza del Ayuntamiento de València a las 11.00 horas. En esta ocasión será sábado «para que puedan sumarse los jóvenes y los trabajadores en activo».

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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